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La investigación por posibles delitos urbanísticos en Castillo de Locubín da sus últimos coletazos antes de quedar en manos de la Justicia. Con una última remesa de citaciones para declarar como imputados. Trece. Entre ellos figuran dos arquitectos, varios funcionarios municipales entre los que está el secretario, media docena de constructores y dos alcaldes: el anterior, Antonio Cano, y el actual, José Justo Álvarez.

La imputación de Cano se daba por segura desde hacía tiempo, ya que las construcciones investigadas en las vegas de los ríos fueron levantadas durante su mandato al frente de la anterior corporación municipal. No tenía sentido remontarse más atrás en el tiempo en las pesquisas porque los posibles delitos habrían quedado prescritos. Sorprende sin embargo que los investigadores del Seprona de la Guardia Civil hayan encontrado indicios de delito en actos del actual regidor, Álvarez, que lleva en el cargo desde el pasado mes de junio pasado.

Además de los trece últimos imputados, la Guardia Civil había encartado anteriormente a 38 personas más, propietarios de casas o naves que supuestamente no respetan la legalidad urbanística. Se habían detectado excesos de edificación, construcciones que no se ajustaban a la licencia que les habían concedido y que ocupaban dominio público o zonas inundables. Es obligación de la autoridad local no sólo dar las licencias de acuerdo con las normas urbanísticas, sino también comprobar que la licencia se ajusta a la obra ejecutada y que no hay construcciones sin permiso.

El actual alcalde, José Justo Álvarez (PP), ya manifestó cuando se inició la investigación el pasado mes de noviembre que en las vegas de la localidad siempre ha habido construcciones, vinculadas a la explotación de huertas. Admitió que en los últimos años el uso agrícola se había compatibilizado con el de ocio, pero negó que se hubiesen hecho obras que hubiesen generado plusvalías. Además, mostró su disposición a colaborar con la Justicia.

El PSOE, partido al que pertenece Cano, subrayó en un comunicado que "nunca ha habido ningún tipo de especulación urbanística" a raíz de las supuestas obras ilegales en la zona de las Vegas de este municipio" y que siempre "se actuó con la mayor honestidad y dentro de la mayor legalidad posible".