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La Inspección Educativa de la Delegación de Educación ha investigado este curso seis agresiones a docentes en los centros públicos de la provincia.

Los datos facilitados por la Administración muestran un crecimiento de los casos de violencia hacia el profesorado, que han pasado de cinco en el curso 2006-2007 a seis este año. No obstante, se trata de los episodios que han llegado hasta el servicio de Inspección, denunciados por los propios docentes o por los centros, y por ello no se descarta que hubiese habido más casos, no oficiales, que se habrían solucionado en el propio centro educativo.

La Delegación provincial no ha querido dar detalles sobre estos seis episodios por respeto a la intimidad de los protagonistas. Sólo hay datos del único caso de agresión que trascendió a la opinión pública. Tuvo lugar el 8 de enero, tras las vacaciones de Navidad, en el colegio público Obispo Osio. La madre de una alumna acudió al colegio y pidió explicaciones a una maestra sobre la sanción que le habían impuesto a su hija a raíz de una pelea con otro alumno.

En un momento del encuentro, la madre presuntamente propinó una bofetada a la docente y fue necesaria la intervención de otro educador "para que la cosa no fuera a más", según relataron fuentes cercanas al centro.

La maestra agredida no quiso interponer denuncia ante la Policía. El caso fue tratado por la Inspección y Educación autorizó el traslado de centro de la menor, ya que la madre había solicitado en varias ocasiones el cambio de colegio alegando la existencia de desavenencias con la maestra que fue agredida y el equipo directivo del colegio.

El presidente de la Junta de Personal Docente No Universitario, Sebastián Quesada, conocía el caso del Obispo Osio, pero tuvo noticia por primera vez del resto de incidentes ayer, a través de este periódico, lo que le impidió valorar esta situación.

Quesada criticó a la Delegación de Educación por no informar en su momento a la Junta de Personal sobre estos incidentes y recordó que la normativa obliga a la Administración a trasladar a los sindicatos todas las cuestiones que afecten al profesorado.