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Javier Arenas anunció ayer que su partido volverá a presentar en el Parlamento andaluz una Ley de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, como ya hizo en 1994 y en 2006, y manifestó que espera que en esta ocasión no sea bloqueada por el PSOE. La Ley, de aprobarse, obligaría a aumentar las indemnizaciones, prestaciones y distinciones que actualmente se destinan a las víctimas de los actos terroristas.

Arenas contó en la presentación de esta Ley con el apoyo del presidente del PP de Vizcaya, Antonio Basagoiti, quien defendió esta ley en contraposición con la que pretende aprobar el Gobierno vasco de apoyo a las víctimas de abusos policiales que calificó de vergonzosa por "pretender equiparar a víctimas y verdugos" y de la que dijo que es el instrumento con el que Ibarretxe quiere comprar el voto de Batasuna para su "consulta ilegal". Tanto Arenas como Basagoiti destacaron la importancia que han tenido los andaluces en la defensa de las libertades en el País Vasco y el hecho de que en el ejercicio de esa defensa (policías, escoltas, etc) muchos de ellos hayan perdido la vida. Arenas dijo que aunque "nada puede reemplazar ante sus familiares esas vidas" es necesaria una ley andaluza, que como han hecho mediante ley o decreto otras comunidades autónomas, refuercen la protección a las víctimas, el apoyo y los reconocimientos.

Arenas explicó que esta ley, que sigue uno de los mandatos del nuevo Estatuto, obligaría a dar subvenciones "a todas" las asociaciones de víctimas y no a las que "sectariamente el PSOE elija como ocurre ahora". También incluiría la nueva norma el aumento de las indemnizaciones y los derechos de las víctimas en cuanto a asistencia sanitaria o psicológica. Les otorgaría preferencia en servicios como las viviendas protegidas y contemplaría la creación de nuevas distinciones honoríficas para ellos.

La Ley establece más indemnizaciones por daños físicos o psíquicos, así como la reparación por daños materiales abarcando estos daños los producidos en las viviendas de las personas, en los establecimientos mercantiles o industriales, en elementos productivos de las empresas, en las sedes de partidos políticos, sindicatos u organizaciones así como los producidos en los vehículos. El texto dedica especial atención a los menores a los que el terrorismo deja graves secuelas.