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Con los nefastos resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) todavía calentitos, lo cierto es que la sangría de parados en Jaén no deja de crecer mes tras mes. Así lo atestigua también la estadística de demandantes en el Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE). Fijémonos en la construcción. Hace un año había 2.716 inscritos; ahora, 4.600. Hablamos, por tanto, de un incremento más que reseñable del 69 por ciento. Un porcentaje que esconde el fiasco de un sector que se desarrolló al calor del dinero fácil y que se está desmoronando con la fragilidad de un castillo de naipes. El problema es que en estos momentos hay 4.600 albañiles jienenses sin oficio ni beneficio, llamando a las puertas de un sistema en el que no hay hueco para ellos. Pero detrás del "ladrillazo" no hay sólo una retahíla de despidos, también hay muchos quijotes que han decidido lanzarse sin paracaídas al proceloso negocio del trabajo por cuenta propia.

Sí, jamás ha habido tantos autónomos en el gremio. En estos instantes hay 6.051 "chapuzas" compitiendo en el mercado de las reparaciones domésticas de la provincia (a finales de 2007 se computaban un total de 5.841, un 3,6 por ciento menos). Así aparece en la Seguridad Social. Pero una cosa son los datos oficiales y otra los reales. Sí, hay muchos más de 6.051. Y hay muchos más porque resulta totalmente imposible contabilizar cuántos operan en la economía sumergida, sin estar dados de alta. Se trata de electricistas, yesadores, fontaneros, alicatadores... que han estado contratados durante los diez años que ha durado el "boom" inmobiliario y que ahora, tras la explosión de la burbuja, se han quedado en la calle. Muchos de ellos cobran el subsidio de desempleo y, bajo mano, hacen apaños para ganar un sobresueldo.

Enrique tiene 45 años. Forma parte de esos 6.051 valientes que han decidido convertirse en empresarios de sí mismos. Asegura que "la cosa está muy mal". "Ahora mismo la promoción está completamente paralizada, por lo que a la mayoría no le queda otro remedio que buscarse la vida haciendo arreglos donde les llaman", comenta Enrique, quien agrega que con las tarifas actuales, que se han abaratado un 50 por ciento respecto al verano pasado, y la feroz competencia existente, resulta difícil alcanzar un nivel de ingresos que permita equilibrar la cuenta de resultados. La cuestión es que una jornada de tajo se cotizaba hace doce meses a unos 120 euros. Ahora mismo hay quien pide incluso menos de 90. Frente a ello, los profesionales tienen que satisfacer unos costes ineludibles para pasar el filtro de la inspección. A saber, 350 euros trimestrales de sello, otros 500 euros anuales en seguros de responsabilidad civil y otros 1.500 euros de propina en impuestos (básicamente IVA que, posteriormente, se recupera con la declaración). A todos estas cantidades habría que añadir los costes salariales y sociales que implica el tener algún obrero en nómina.

El presidente de la Federación de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, afirma que muchos de los nuevos emprendedores del ramo son damnificados por el parón de la actividad edificadora. "Estamos ante una fórmula que ofrece grandes oportunidades en tiempos de crisis como los que vivimos", señala Lorenzo Amor. Respecto al perfil de los que han decidido andar en solitario en el complicado mundo de la rehabilitación de viviendas, el responsable de ATA explica que se trata fundamentalmente de varones con edades comprendidas entre los 35 y 45 años, con una amplia experiencia y formación (en muchos casos más de diez años) y con ganas y fuerzas para seguir en la brecha y superar las adversidades. En el 80 por ciento de los casos no tienen ningún personal a su cargo.

Lorenzo Amor pide a las administraciones públicas que tengan una mayor sensibilidad hacia este colectivo, y más en tiempos de vacas flacas como los actuales. Así, solicita que la prestación por desempleo se pueda capitalizar al 100 por ciento al comienzo, cuando hay que realizar la mayor inversión en herramientas y demás material. Hoy día, tan sólo se puede percibir de una sola vez el 40 por ciento del subsidio, mientras que el 60 por ciento restante se destina a cotizaciones para la Seguridad Social.