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En sólo un año, el número de quejas en las que ha intervenido la Oficina del Defensor del Ciudadano casi se ha duplicado. Todos los expedientes han sido estudiados y analizados y el grado de resolución con éxito supera el 65 por ciento. El organismo, dependiente de la Diputación Provincial de Málaga, se ha consolidado en estos tres años como una herramienta válida de mediación entre las administraciones y el ciudadano, y ha sacado a la luz temas tan sangrantes como el acoso inmobiliario, además de intervenir con determinación en casos como la exclusión de adjudicatarios en la promoción de VPO de Soliva Este.

- ¿Hasta dónde puede llegar la Oficina en los asuntos que trata?

- Nuestra actuación no puede ser imperativa, así que pasa más por la mediación, la intervención y el asesoramiento.

-¿El Defensor puede llegar a los tribunales?

- Si el Defensor entiende que puede haber una vulneración de derechos, puede acudir a los tribunales. De hecho, como Defensor he presentado denuncias contra el acoso inmobiliario. Nosotros lo primero que analizamos es qué dice la ley en relación a la queja planteada. Uno de los temas que estamos detectando a través de nuestro trabajo es que hay muchas leyes, pero no se aplican.

-¿En qué ámbitos se ve más claro?

- En el campo de la discapacidad, por ejemplo, se ve clarísimo. Hay una ley de eliminación de barreras arquitectónicas que obliga a su supresión, pero vemos muchos edificios, incluso algunos nuevos, donde no se contempla.

- Frente a esa no aplicación de la ley, ¿qué se puede hacer?

- Nosotros exigimos que la ley se cumpla. Pedimos una primera instancia con los máximos responsables del área en la que se da la queja o propiciamos la entrevista con los afectados para que les den explicaciones pertinentes. Hay demasiada reticencias por parte de las administraciones públicas a recibir a los ciudadanos. El silencio administrativo sigue siendo un problema y lo vamos a abordar en un próximo encuentro de defensores.

- ¿Por qué ocurre?

- Personal hay, lo que falta es sensibilidad. A veces los responsables políticos no se enteran de estas cuestiones. Yo creo que hay determinados funcionarios a los que les falta sensibilidad para desarrollar su trabajo. En algunos organismos se tiene por norma mandar a los ciudadanos al contencioso administrativo cuando no están de acuerdo con algo. Eso es una barbaridad. Si se trata de un problema que el funcionario puede atender y puede resolver esa es su obligación. Hay un sistema normativo y legislativo importante, y lo que ahora hace falta es que esa ley se lleve al día a día y se aplique. Además, la ley tiene un carácter general, pero luego hay una cosa que se llama el sentido común.

-¿Y cómo andan las administraciones de sentido común?

- Escasas. Hay muchas situaciones de prepotencia de la Administración sobre el ciudadano. En muchos casos, el ciudadano lo que quiere es que se le escuche y se le atienda. A veces llegan a la Oficina del Defensor diciendo que ya ni siquiera quieren que les resuelvan el problema; que se conforman con que alguien les escuche y les de una explicación. La obligación de los defensores es denunciar estas situaciones. La Administración la pagan los ciudadanos para estar al servicio de los ciudadanos.