Noticias Ya.com

A punto de terminar el curso escolar 2007-2008, la Plataforma contra "Educación para la Ciudadanía" en Granada hace balance de los alumnos que han mostrado su repulsa a la asignatura. En la provincia han sido 1.020 escolares los que se han declarado objetores de conciencia (987 en la capital y 33 en el resto de municipios). Según los datos que aporta la asociación, Granada es la segunda provincia andaluza con más objetores, detrás de Sevilla con 1.330. En total, 5.975 objeciones en toda la comunidad.

La Plataforma informó de que el pasado 21 de Mayo 190 alumnos -del total de los objetores-, a través de sus padres, les entregaron la documentación necesaria para presentar un recurso Contencioso-Administrativo contra la denegación de la objeción de conciencia por parte de la Junta de Andalucía. "El Tribunal Superior de Justicia reconoce este derecho y, sin embargo, nuestra administración no la acepta. Al negar la objeción están diciendo que ellos son los que deciden si nuestra conciencia está o no está bien construida", apuntan desde la asociación.

Para subrayar la "degradación" por la que aseguran que pasa nuestro sistema educativo, un grupo de representantes de la Plataforma se reunió en la calle San Matías para leer un manifiesto titulado "Hacia una educación estatalista". Participaron José Enrique García, de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FCAPA), José Luis Amat, del Foro de la Familia, Mario Martínez, uno de los padres objetores de conciencia, y Marcelo López, miembro de la asociación educativa Rosa Blanca y encargado de leer el texto.

López comenzó puntualizando la diferencia que acusan entre educación pública y educación estatalista: "La primera busca la mayor calidad bajo criterios de igualdad y se pone al servicio de los ciudadanos. La segunda decide qué es el bien, qué es el mal, qué es el hombre y qué es el mundo. Quitando al alumno la posibilidad de juzgar por sí mismo". Desde la Plataforma están convencidos de que en los últimos años "asistimos a una transformación del modelo público al estatalista que nos retrae a otros tiempos y que quiebra la pluralidad y la libertad de la sociedad española".

Para sustentar esta afirmación se apoyan en cinco claves. En primer lugar, por supuesto, "la imposición del área de "Educación para la Ciudadanía", rehuyendo cualquier debate con el único objetivo de inculcar una serie de principios que responden al ideario del gobierno, tan respetable, parcial y discutible como cualquier otro". Sostienen que no ha habido ninguna institución que se haya preocupado de preguntarles los motivos de su objeción.

Siguiendo con las imposición, lamentan la llegada el curso que viene a bachillerato de la asignatura "Ciencias para el Mundo Contemporáneo". "Pretenden dar a la ciencia una perspectiva ideológica para decidir cuáles son las teorías científicas más valiosas y debilitar la capacidad crítica del alumnado".

El portavoz de la Plataforma critica "la negativa del gobierno de nuestra Comunidad Autónoma a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En su lugar, amenazan a los padres y alumnos objetores en sus comparecencias públicas y siguen rechazando las objeciones que les llegan". López destacó "la discriminación de los profesores de Religión, a los que se les niega sistemáticamente sus derechos laborales, se les reducen las horas y se les impide realizar ninguna función dentro del centro. Quedan aislados del centro, impensable para cualquier otro profesional de la enseñanza dentro de la Administración Pública". Y sentencia: "La Junta de Andalucía trata a los profesores de religión como si fueses sus rivales ideológicos y quisiera deshacerse de ellos".

Por último, analizan el nuevo sistema de calidad de la enseñanza andaluza. "Han decidido incentivar a los profesores por disminuir el número de suspensos, realizando con toda falta de pudor lo que en tantas ocasiones han insinuado algunos que se hacía en los centros privados. Necesitan profesores que sean productores de aprobados".

Por su parte, José Luis Amat puso sobre la mesa los pasos que, a su juicio, deberían seguir: ""Educación para la Ciudadanía" tendría que ser optativa. Hay un gran porcentaje de padres que quieren religión para sus hijos. Si se quiere potenciar la libertad, pues potenciémosla. No se puede imponer una ideología".

No hay un porcentaje claro del número de alumnos que no asiste a esta asignatura. "La Junta de Andalucía nos ha amenazado con que ningún niño conseguirá el título si falta. Los padres, por muy rebeldes que sean, no quieren fastidiarles el futuro a sus hijos", explica Amat. Mario Martínez, padre de futuras alumnas de Educación para la Ciudadanía, asegura que cuando llegue el momento no dejará que sus hijas cursen la asignatura "porque no estoy de acuerdo con los contenidos". "Ya veremos cómo reacciona el colegio y la Junta", termina.