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María Antonia García Montes, magistrada del Juzgado de Instrucción 12 de Sevilla, paralizó el pasado 15 de marzo -a escasas semanas de la inauguración de la Feria de Abril- el montaje de una caseta situada en la calle Manolo Vázquez por el pleito que mantienen varios titulares, lo que constituye un hecho sin precedentes. La jueza ha requerido al titular denunciado que permita el acceso de los otros dos titulares a la caseta ya que había contratado una empresa de seguridad para impedir la entrada de los denunciantes durante el montaje y la Feria.

A quince días de la inauguración de la Feria de Abril, la citada magistrada ha ordenado además al titular denunciado que se abstenga de incluir nuevos socios o invitados durante el litigio y después, según convenio. El auto de la jueza fue comunicado ayer al titular denunciado, que de no cumplirlas podría incurrir en un delito de quebrantamiento de medidas cautelares.

Según el auto judicial, queda constatado que el titular denunciado no es socio administrativo único de la citada caseta, ya que el propio Ayuntamiento de Sevilla declara que esa caseta goza de tres personas autorizadas para la gestión de la misma. Por esa razón, el Juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla entiende que el titular denunciado no puede privar al resto del disfrute de las fiestas de abril, sin estar avalado por resolución administrativa o contencioso-administrativa firme.

La jueza entiende que el titular denunciado "carece de legitimidad y pudiendo ser los hechos constitutivos de delito societario, delito de coacciones y realización arbitraria del propio derecho", acuerda las citadas medidas cautelares con apercibimiento de delito de desobediencia, en tanto se mantenga el pleito.

Según la denuncia que presentaron dos de los tres titulares contra el tercer titular, a finales de febrero o principios de marzo de 2008 se pusieron en contacto con la empresa instalador que tradicionalmente había montado la caseta. El dueño de la misma les comunica que el tercer titular le había manifestado su decisión de impedirles el acceso al recinto de la caseta y que "se matarían entre ellos si hacia falta", por lo que declinó hacer el trabajo.

Días después, los dos titulares contrataron a una nueva empresa de montaje que inició los trabajos. La sorpresa llegó, según cuentan en su denuncia, cuando el 8 de marzo pasado la empresa instaladora se encuentra con que la caseta estaba siendo desmontada por otra empresa, encontrándose en las instalaciones el tercer titular, su esposa y otras dos personas que le impedían continuar su trabajo. El 9 de marzo, un vehículo de una empresa de seguridad está aparcado dentro de la caseta y el ocupante del mismo comunica a uno de los titulares denunciantes que no puede acceder al lugar ni realizar el montaje por expresa orden del titular denunciado.

Un notario levantó acta el 11 de marzo haciendo constar que la estructura metálica de la caseta está instalada, que la empresa que está procediendo al montaje está contratada por el ahora titular denunciado y que en el lugar hay empleados de una empresa de seguridad que le impiden el acceso al recinto y tomar fotografías.

El notario se presentó en el domicilio del tercer titular en discordia y le requirió en nombre de los otros dos titulares que desmontara la caseta, así como que se abstuviera de admitir a nuevos socios sin la autorización de la mayoría de los socios titulares.

Finalmente, dos de los titulares presentaron en una denuncia penal por entender que los hechos son constitutivos de los presuntos delitos de coacciones, societario y delito de realización arbitraria del propio derecho. La jueza ha apreciado indicios de delito y ha acordado medidas cautelares en tanto se resuelve el pleito.

Las ordenanzas municipales permiten que los titulares que "por circunstancias graves" no puedan usar la concesión puedan ponerla a disposición del Ayuntamiento, siéndole respetada para el año siguiente, para lo cual deberán dirigirse a Fiestas Mayores dentro del plazo de tasas, plazo que no podrán cumplir en este caso los titulares de esta caseta en litigio.