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Roca ya puede salir de prisión. Dos años después de que estallara el "caso Malaya", el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de la trama podrá eludir la cárcel si paga el millón de euros que el juez Óscar Pérez le ha impuesto como fianza para recuperar la libertad.

Tras unos 20 días de reflexión, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, que sucedió en agosto a Miguel Ángel Torres en la instrucción del caso, ha dictado una resolución de nueve folios en la que razona los motivos por los que decide "reformar" la situación procesal de Juan Antonio Roca, al que abre por primera vez el camino para salir de la cárcel, pese a que, en el propio auto, reconoce que existe un riesgo de fuga "elevado".

Precisamente, este fue el argumento de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió la prórroga de la prisión y se opuso a que se fijara una fianza. El fiscal Juan Carlos López Caballero no descarta ahora recurrir la resolución del magistrado.

Salvado el primer obstáculo del pago del millón de euros, el juez impone al ex asesor de Urbanismo varias medidas cautelares para garantizar que no se sustraiga a la acción de la Justicia. De entrada, el instructor ordena a Roca comunicar inmediatamente al Juzgado número 5 de Marbella cuál va a ser su domicilio y, a partir de ahí, deberá comparecer diariamente en ese juzgado o en el que esté de guardia.

En el auto, Óscar Pérez refleja su intención de atar en corto al presunto cerebro de la trama cuando recupere la libertad, por lo que limita su capacidad de movimiento. El juez le retirará el pasaporte, con prohibición de salir de España sin autorización judicial. Pero la medida más llamativa es, sin duda, que Roca no podrá acercarse a menos de 500 metros de cualquier aeródromo, ya sea público o privado.

Pros y contras

El magistrado repasa en la resolución pros y contras de conceder una fianza a Roca. De entrada, Pérez considera que el riesgo para el buen fin de la investigación ha desaparecido, ya que las fuentes de prueba están "razonablemente aseguradas".

Por tanto, para el juez, el debate está en el riesgo de fuga. Uno de los argumentos que más ha pesado a favor del ex asesor es su arraigo en España. "[...] Tiene muy importantes intereses económicos que defender en el país, donde bien puede afirmarse que radica la mayoría de su fortuna. Además, está casado y siempre ha vivido en España con su cónyuge e hijos", dice el juez.

El instructor alude en el auto al vasto patrimonio intervenido a Roca en España a través de sociedades mercantiles, que se encuentran intervenidas judicialmente. Aunque aún se está tasando su valor, el magistrado asegura que no es aventurado hablar de "un activo superior a los 200 millones de euros".

También ha sumado a su favor el hecho de que, antes de su detención por el "caso Malaya", el ex asesor de Urbanismo cumplió con las medidas de control impuestas desde 2002 por el Juzgado Central de Instrucción número 6 por el llamado "caso Saqueo", teniendo en cuenta además que "ya en ese procedimiento se formuló acusación frente a él con petición de diez años de prisión", indica el auto.

El magistrado ha tenido en cuenta que la instrucción del "caso Malaya" "se alargará aún meses". Óscar Pérez justifica esta demora en que todavía no se han terminado las declaraciones indagatorias; no se ha decidido sobre el procesamiento de nuevos imputados; falta por conocer el resultado de las investigaciones en Andorra, Gibraltar, Isla de Man y Suiza; y, por último, aún está pendiente un informe económico de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción.

Paraísos fiscales

En el otro lado de la balanza está, precisamente, la sospecha de que Roca dispone de fondos en territorios considerados como paraísos fiscales, "sin que tal vez nunca pueda llegar a conocerse con exactitud su alcance al ser territorios que dificultan la cooperación (como la Isla de Man)", asevera el instructor.

El argumento del patrimonio de Roca fuera de España ha sido esgrimido por las acusaciones -Ministerio Público, Junta y Ayuntamiento de Marbella- para pedir que se prorrogara la prisión.

Además, el magistrado reconoce que el ex asesor de Urbanismo tiene que hacer frente a "numerosos y graves" procedimientos penales dentro del país. Por todo lo anterior, el juez Óscar Pérez asevera que el riesgo de fuga sugerido por las circunstancias es "elevado".

Estos argumentos llevan al magistrado a una reflexión: "Cabe preguntarse -transcurridos dos años desde el inicio de esta instrucción y no siendo previsible su inminente terminación- si la medida de prisión incondicional puede ser sustituida por otras menos gravosas, pues no puede olvidarse su carácter excepcional [...] Y admitiendo la falibilidad del razonar humano, pienso que sí".

En el auto, el instructor fija una fianza de "cuantía elevada" por la acreditada relación de Roca con otras personas que pueden ayudarle a pagarla, así como la sospecha de poseer dinero en el extranjero. Al cierre de esta edición, aún no la había depositado.