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El delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio, Luis Caparrós, aseguró que de todas las comunidades autónomas, Andalucía es la que está "ejerciendo más peso en el control urbanístico" por lo que, sentenció,"no nos sentimos aludidos" por el documento. Para este representante de la Junta, el número de casos incoados por la Fiscalía se ha visto reducidos entre 2006 y 2007 no por una desaceleración en el sector de la construcción. La respuesta está, argumentó," en el trabajo de la Fiscalía, de la Policía Autonómica, la Guardia Civil, los Cuerpos de Seguridad y la Inspección de la Junta" en los últimos tiempos."Se han paralizado las construcciones sobre suelo no urbanizable y se ha reconducido la situación ciertamente", concluyó Caparrós.

Tampoco ha gustado que implique de manera general a todos los políticos, a pesar del respeto que merece a todos los consultados la opinión de la Fiscalía de Almería, en el PSOE almeriense. El secretario de Organización, Diego Asensio, insistió en que su formación "tiene tolerancia cero con la corrupción urbanística" y "tomamos medidas en ese sentido", que pasan por apartar a sus representantes "sospechosos" de participar en algún negocio irregular hasta que se determine su culpabilidad o inocencia. Mientras que desde el PP no quisieron pronunciarse sobre el informe, la coordinadora provincial de IU, Rosalía Martín, subrayó que su partido sí coincide bastante con las apreciaciones realizadas."Sería necesario tomar medidas penales contra los alcaldes y concejales implicados en estos temas porque la realidad demuestra que existe una total impunidad", dijo.

En cuanto a la participación en estos asuntos de la sociedad en general, reflexionó que su "pasividad" no sólo se refleja en este ámbito y lamentó que se haya sabido hacer de los ciudadanos "agentes activos" en las tramas, al favorecerlos con recalificaciones de terrenos o trasladando a la población que se favorece el desarrollo de sus municipios con la actividad. No obstante, ambos líderes políticos coincidieron en que no todos los alcaldes o concejales son corruptos o tienen intereses en estas acciones.

Los funcionarios, por otro lado, fueron defendidos desde organizaciones sindicales como UGT o CSI-CSIF. El máximo responsable de la Unión General de Trabajadores en Almería, José Ginel, recordó a la Fiscalía "que puede actuar de oficio" y valoró que "si hay personas con nombres y apellidos que son sospechosos, lo lógico es que actúe"."No se puede meter a todo el mundo en el mismo saco", argumentó el sindicalista, que se mostró convencido de que la mayoría de los empleados públicos" cumplen con sus funciones y emiten informes correctamente". Su homólogo en CSI- CSIF, Francisco Iglesias, quiso plantear otra cuestión."Los funcionarios emiten informes, que no son vinculantes y desde Urbanismo se aprueban determinados proyectos incluso con esos informes en contra", explicó. También lamentó que las administraciones usen empresas externas para escapar del control.