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El desarrollo del pacto local -traspaso de competencias y financiación de la comunidad autónoma a los municipios- va camino de convertirse en la eterna promesa no cumplida por el PSOE-A. Este partido lleva años anunciando que desarrollará la también conocida como segunda descentralización, hasta el punto de incluirla en el nuevo Estatuto andaluz para imprimirle un carácter imperativo.

Sin embargo, el Gobierno andaluz siempre encuentra una excusa para no llevarla a cabo. La última, rechazar de plano negociar en paralelo el nuevo modelo de financiación autonómica con el de los Ayuntamientos, como le piden la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y su filial andaluza, la FAMP, por no hablar del propio «Gobierno amigo» del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Las razones del Gobierno y la FEMP para acometer el pacto local se podrían resumir en la situación de asfixia económica que viven los municipios -agravada por la actual coyuntura de crisis-, motivada en buena medida por tener que dedicar sus recursos a cuestiones que no son de su competencia. Como señala la responsable de política municipal del PP-A, Carmen Crespo, «los ayuntamientos dedican un 30 por ciento de sus presupuestos» a cubrir competencias ajenas, sobre todo, autonómicas.

Estas, afirma la dirigente popular, comprenden aspectos que van desde el apoyo a las familias a la puesta en marcha de centros educativos, pasando por residencias de mayores y centros de salud. Además, en municipios con fuerte presión migratoria, son los consistorios los que se encargan de la atención de los extranjeros.

Crespo señala, además, que las corporaciones locales financian, en un porcentaje que oscila entre el 65 y el 70 por ciento, las políticas sociales que son competencia de administraciones como la Junta.

El gasto de los ayuntamientos en estos capítulos, afirma esta dirigente, no es compensado por la administración autonómica, que no hace frente a la deuda que mantiene con los ayuntamientos y que el PP cifró meses atrás en unos 12.000 millones de euros.

Basta echar una mirada a los ayuntamientos de las capitales andaluzas para que estas cifras se concreten. En Málaga, por ejemplo, el alcalde Francisco de la Torre aseguró ayer que el consistorio dedica unos 150 millones de euros de su presupuesto inversor a asumir competencias de otras administraciones. En Almería esta cantidad asciende a un «mínimo de 20 millones de euros», según declaró su alcalde Luis Rogelio Rodríguez Comendador.