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El Consejo de Gobierno celebrado hoy ha decidido, a propuesta conjunta de los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo; Industria, Comercio y Turismo; y Medio Ambiente, declarar de Interés de la Comunidad Autónoma de Aragón las obras correspondientes a la primera fase de la elevación de aguas del Ebro para el suministro de los municipios de Andorra, Albalate del Arzobispo, Alcorisa, Alloza y Ariño. Esta declaración, solicitada por la Mancomunidad Turolense de Elevación de Aguas del Ebro, conlleva la declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos a los efectos de la Ley de Expropiación Forzosa.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha acordado dar traslado al Ministerio de Medio Ambiente de la solicitud realizada por la Mancomunidad para que la segunda fase de las obras también sea declarada de interés general. Esta segunda fase está previsto que la realice el Ministerio de Medio Ambiente a través del Instituto Aragonés del Agua mediante la correspondiente encomienda de gestión.

El pasado 8 de enero se firmó en Andorra el convenio entre el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón y la Mancomunidad Turolense de Elevación de Aguas del Ebro para la ejecución de la primera fase del proyecto de elevación de aguas en Andorra.

El proyecto consiste en el trasvase de 5,8 Hm3 anuales de agua desde el río Ebro hasta Andorra, Albalate, Alcorisa, Alloza y Ariño. Esta transferencia de caudales se realiza mediante la construcción de una toma de agua y estación de bombeo en el embalse de Mequinenza, una tubería desde la toma hasta Samper, una estación de bombeo en Samper, una tubería desde Samper a Val de Arcos, una estructura de estación de bombeo en Val de Arcos, donde empezará el siguiente tramo no comprendido en el objeto de este convenio. Con esta actuación se garantiza el suministro de agua para las actividades industriales, ganaderas y residenciales de la zona. Está previsto que el proyecto se concluya en su totalidad en el año 2009.

El coste global de esta actuación asciende a 50 millones de euros, de los que 27 son financiados por el Gobierno de Aragón con cargo a los fondos provenientes de la Administración General del Estado a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.