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Su apoyo al decreto ley para llevar agua del Ebro a Barcelona le ha situado en la situación más complicada en sus nueve años en el poder en Aragón y ahora ve una puerta para salir de ella en las últimas lluvias, así como en las pistas legales que le daban los informes jurídicos encargados.

Después de años de frente contra el trasvase a Levante, el Ejecutivo PSOE-PAR se ha visto solo a la hora de defender la extensión del ministrasvase de Tarragona a Barcelona. Por primera vez, Iglesias se ha encontrado a los tres partidos de la oposición en frente, incluso pidiendo su dimisión, de manera que su intervención en el Pleno de las Cortes para defender que lo que el resto denominaba trasvase para él era una redistribución de agua de las cuencas internas de Cataluña únicamente sirvió para exacerbar las críticas.

Además, Iglesias ha perdido el apoyo unánime que los medios de comunicación de mayor influencia en Aragón le otorgaban a su posición en materia hidráulica, ya que, a pesar de las justificaciones jurídicas, la mayoría ha entendido que trasladar agua del Ebro de una cuenca a otra es un trasvase.

Fuentes del Gobierno aragonés vienen reconociendo en privado el mal lugar en que se dejó a Iglesias cuando, a la vuelta de las elecciones generales, se anunció el acuerdo por sorpresa con Cataluña, después de que durante la misma campaña electoral Rodríguez Zapatero hubiera prometido que no habría trasvase del Ebro.

Pero, después de aguantar el tipo, el presidente aragonés no está dispuesto a aguantar el escarnio que supone que, con los embalses catalanes recuperados de la situación de emergencia que justificó el decreto, se mantenga la construcción de la tubería prevista. Hasta el pasado viernes, tenían almacenados 183 hectómetros cúbicos, 60 más que cuando se aprobó la medida para abastecer a Barcelona.

El pasado jueves, el Consejo de Gobierno aprobó un requerimiento formal para frenar la obra, basándose en que la urgencia que la motivó ya ha sido superada gracias a la meteorología.

Además, el Consejo acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad, no contra el trasvase en sí -para tratar de no caer en nuevas incoherencias-, sino con la posibilidad de la compra-venta de concesiones de derechos que se prevé en el artículo 3 del decreto.

Pero, más allá, de las medidas legales adoptadas y de sus argumentaciones formales, se trata de un mensaje a la Generalitat catalana y, más aún, al propio Gobierno central, ambos de su mismo color político: hasta ahora ha aceptado seguir las consignas oficiales, pero no lo hará indefinidamente. De hecho, Marcelino Iglesias ha ido hablando todos los días con la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, para explicarle su nueva posición.

Por otra parte, toda esta polémica llega a un mes de que se inaugure la Expo 2008 de Zaragoza, un evento de alcance internacional en el que Aragón ejerce de anfitriona de más de cien países y del conjunto de Comunidades autónomas, incluida Cataluña, con lo que el conflicto sobre el agua llega en el momento más inoportuno.