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La Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro se negó ayer a negociar con las instituciones catalanas la venta de derechos sobre cesiones de agua para el abastecimiento de agua de boca a Barcelona. Su presidente, César Trillo, dejó claro, a lo largo de cerca de tres horas de reunión en la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro con responsables del Ministerio de Medio Ambiente y los gobiernos de Aragón y Cataluña, que "no va a haber venta ni cesión de derechos". Abogó, como alternativa, por ahorrar agua y "echarle imaginación".

Ya antes de la reunión, Trillo expresó su rechazo a tal posibilidad e indicó que la venta de derechos no se compagina con la ejecución de las obras de regulación pendientes que reivindican desde años atrás los regantes.

El responsable de los regantes del Ebro advirtió: "Nosotros estamos utilizando un bien público para producir alimentos, y jamás vamos a querer disponer de este bien para obtener una rentabilidad económica rápida en euros mediante la puesta de precio al metro cúbico de agua".

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, admitió "la fragilidad del río Ebro, especialmente en el Delta", por lo que se mostró partidario de actuar con la "máxima sensibilidad".

La voluntad expresada por la Generalitat catalana es adquirir derechos de agua a regantes de toda la cuenca del Ebro por valor de unos 30 hectómetros cúbicos, que es la cuantía aproximada que se transportará desde Tarragona hasta Barcelona. Comprar derechos de agua significa ofrecer una compensación económica a los agricultores para que dejen de regar, de manera que los recursos que ahorren permitan "equilibrar" el caudal del Ebro tras las obras de interconexión de cuencas.

Hasta ayer, la Generalitat había mantenido contactos con diferentes comunidades de regantes de la parte catalana del Ebro, aunque la momentánea negativa de estos a ceder sus derechos ha llevado a la administración catalana a buscar posibles compradores en otras regiones españolas.

El Gobierno de Aragón se opuso ya a última hora de la tarde del jueves con un comunicado en el que decía no aceptar "en ningún caso" que "se puedan comprar derechos de agua a regantes u otros concesionarios de derechos de la cuenca del Ebro para que después sean aprovechados fuera de la citada cuenca".

Por su parte, el presidente del PP en Aragón, Gustavo Alcalde, aseguró que el "supuesto trasvase temporal" impusaldo por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se está convirtiendo "en una hipoteca de por vida para los ciudadanos aragoneses". Alcalde se lamentó de la "agilidad y rapidez" con la que está actuando la Generalitat "en contra de los intereses de los aragoneses".