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El Gobierno aragonés va a desplegar toda su "artillería" legal contra el trasvase del Ebro. Ayer, el Ejecutivo regional encargó a sus servicios jurídicos recurrir todos los actos administrativos que se deriven del decreto-ley que autorizó el trasvase a Barcelona. De entrada, se considera que ya se puede recurrir el convenio firmado entre el Gobierno central y la Generalitat para construir la tubería que llevaría las aguas del Ebro hasta Barcelona. Y, si llega a producirse, también se ha ordenado recurrir inmediatamente la adjudicación de las obras, así como cualquier otro acto administrativo que se derive de ese decreto-ley.

Además, el Gobierno aragonés también ha anunciado un recurso judicial contra el Decreto de la Sequía aprobado por la Generalitat el 15 de mayo, con el que modificó el de abril de 2007. Esa modificación supuso elevar del 50 al 58 por ciento el nivel de reservas en el que se considera que los embalses están en situación excepcional por sequía en Cataluña.

El líder de los socialistas aragoneses y presidente del Gobierno regional PSOE-PAR desde 1999, Marcelino Iglesias, sabe lo rentable que puede resultar el agua en las urnas y, por tanto, lo que puede comprometer si juega en contra. Enarboló la bandera contra el trasvase cuando el PP lo planteó para llevar agua del Ebro a Valencia. Secundó manifestaciones en las que no faltaron sus socios del PAR. También estuvieron CHA e IU, que ahora recuerdan a la coalición PSOE-PAR todos estos años de discurso antitrasvasista.

Con estos antecedentes, la coalición de gobierno que preside Iglesias ha optado por llevar ante los tribunales el trasvase a Barcelona. Mientras, la Generalitat insiste en que hay sequía y mantiene la llegada de agua en barcos, si bien en el tripartito no hay unanimidad absoluta: ERC pide la derogación del trasvase.

Eso sí, el Gobierno aragonés plantea su batalla legal sin reconocer que dicha obra es efectivamente un trasvase; sólo la prolongación del que ya existía hasta Tarragona.

Las lluvias de estas semanas le han abierto la puerta al Gobierno aragonés para recurrir el decreto del trasvase, no por ser tal, sino porque ya no es necesario. El agua, esta vez la caída del cielo, ha ayudado al Ejecutivo de Iglesias a oponerse, pero de forma medida, a una obra que ha aprobado su jefe de filas, Rodríguez Zapatero, y que demandan los socialistas catalanes.

Además, PSOE y PAR se reparten los papeles. Ayer, el tono duro para arremeter contra la Generalitat lo adoptó el vicepresidente, José Ángel Biel, líder del PAR. Llegó a acusar al Ejecutivo catalán de "abuso de poder" con el decreto en el que establece unilateralmente en qué umbral está la alarma por sequía en sus embalses.

"Hay letrados que recurrirán todo lo que se mueva que tenga que ver con este decreto-ley", advirtió Biel. Insistió en que "es muy difícil justificar que Barcelona tiene problemas de agua. Hoy no tiene una emergencia y, si no la tiene, el decreto-ley que se dictó para esa emergencia ya no está en vigor. O la Generalitat y el Gobierno de España reconocen que ya no está en vigor y lo paran todo, o lo tiene que parar un juez".