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Las piruetas de los socialistas ante el trasvase del Ebro a Barcelona, que será aprobado hoy, previsiblemente, en el Congreso de los diputados, tuvieron ayer un episodio más. El presidente autonómico de Aragón, Marcelino Iglesias, se pronunció a favor del decreto-ley del Gobierno de Zapatero, que da luz verde al trasvase, eso sí, "si no afecta a la cuenca del Ebro".

"Estamos intentando ajustar algunos artículos, para dejar claro que en España no abrimos el mercado del agua", explicó en el Foro de la Nueva Economía. En la Disposición adicional cuarta se determina que el Gobierno adoptará medidas similares al trasvase de Barcelona por "circunstancias excepcionales".

Según Iglesias, el decreto que permite el trasvase a Barcelona -que el Gobierno llama "conducción"- "parece no afectar" a la cuenca del Ebro, ya que el trasvase a Tarragona es de 1981 y desde entonces se considera este tramo cuenca interna de Cataluña. "El decreto habla de cesiones, y eso nos preocupa", insistió el presidente aragonés, quien explicó que está a la espera de un informe preceptivo de los servicios jurídicos de su Gobierno regional.

En todo caso, cree que el caso del trasvase a Barcelona no es comparable con el de Valencia y Murcia, incluido también en el Plan Hidrológico Nacional que derogó Zapatero. "No puede compararse ni por el origen ni por los usos ni por la temporalidad", señaló. Iglesias cree que las comunidades levantinas tienen que apostar fuerte "por el mar".

Entre tanto, la Comisión Ejecutiva del PAR puso ayer por escrito la postura oficial del partido ante el abastecimiento a Barcelona, hacia el que elevó el tono de sus críticas, aunque siguió sin denominarlo "trasvase", al menos hasta conocer el resultado de los informes jurídicos. Los aragonesistas subrayan en el documento su pedigrí antitrasvasista, posición en la que llevan 30 años y de la que "no se han movido ni se moverán ni un milímetro", afirman.

En concreto sobre el proyecto para Barcelona, el PAR recuerda que en 1981 ya se mostró rotundo contra al trasvase del Ebro a Tarragona y consideró "inaceptable" que la modificación se haga ahora "de forma bilateral entre el Estado y Cataluña". Además, el PAR denuncia que esta polémica "sirve para reavivar las reivindicaciones trasvasistas de otros territorios gobernados por el PP, lo que contribuye a perdurar la más grave amenaza para el futuro de Aragón". EL PAR insiste en proponer que el Gobierno aragonés gestione la reserva estratégica de 6.550 hectómetros que consagra el Estatuto, dando a Aragón "competencias plenas en materia de agua".