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El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó ayer la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2008. En la misma sesión, el Parlamento aprobó también la Ley de Medidas Tributarias. El Presupuesto, que contempla un gasto total de 5.568 millones de euros, supone el 6,85 por ciento de crecimiento con respecto al presupuesto elaborado para 2007. Este incremento, sin embargo, se eleva hasta un 7,85 por ciento en el presupuesto consolidado al incluir la dotación de las nuevas competencias en materia de Administración de Justicia, que en enero de 2008 asumirá la Comunidad Autónoma.

El Presupuesto, que respeta por sexto año consecutivo el marco de estabilidad y disciplina financiera exigido por las leyes de estabilidad presupuestaria, tiene un doble objetivo: mantener un crecimiento lo más sostenido y equilibrado posible a medio y largo plazo y, por otro lado, mejorar el bienestar de los aragoneses. El documento económico para 2008, en palabras del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, es ortodoxo, prudente y equilibrado y viene marcado por dos hitos: la asunción de las competencias en materia de Justicia "por un lado", que supone un impulso adicional en el proceso de desarrollo autonómico de Aragón (y una dotación presupuestaria de 51,46 millones de euros), y la aportación que la Comunidad Autónoma hace a la Exposición Internacional Zaragoza 2008, por otro lado, que se cifra en 145 millones de euros.

Por otra parte, en virtud de las competencias normativas que tiene la Administración autonómica en materia de tributos propios y cedidos, el Gobierno de Aragón impulsa una modificación del sistema tributario autonómico con tres objetivos: introducción o ampliación de mayores beneficios fiscales dirigidos a la disminución de la carga tributaria que soportan los contribuyentes aragoneses; simplificación de procedimientos y aportar mayores garantías en la presentación y el pago de determinados impuestos; y ajustes en la terminología tributaria utilizada en la regulación autonómica de los tributos cedidos para adecuarla a la vigente normativa estatal.