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Los 13 trabajadores afectados por el recorte de la red pública de bibliotecas hoy no están en sus puestos de trabajo. El pasado 30 de abril finalizaba su contrato, pero el Ayuntamiento ha mantenido su decisión de reducir el número de plazas publicas, de 13 a seis, a pesar de la movilización social generada. Un apoyo que se plasmó en las 10.000 firmas de los ciudadanos a favor de una red pública de bibliotecas. Esta cifra desbordó todas las previsiones, incluidas las de los propios afectados, que ayer quisieron manifestar su agradecimiento a través de un comunicado público.

A partir de ahora, a quien le toca mover ficha es a la justicia. Los bibliotecarios habían realizado una primera querella por cesión ilegal de trabajadores. Una vez finalizado sus contratos, han presentado una segunda denuncia por despido nulo, que esperan que se resuelva con la readmisión. No todos se muestran optimistas.

Liliana Tuero, ex bibliotecaria de Tudela Veguín, ve "complicada" la situación porque, asegura, "sí (el Ayuntamiento) está tan mal de dinero, no creo que llegué a sacar plazas públicas". Y, a nivel privado, no hay muchas empresas que se dediquen en Asturias a la gestión de servicios culturales.

Consuelo Veiga, por su parte, prefiere mantener la esperanza. Esta bibliotecaria llevaba 17 años al frente del centro de Ventanielles. Muchos usuarios se acercaron esta semana para despedirse y manifestarle su apoyo. "Confío en ganar el juicio y que el Ayuntamiento saque las oposiciones para ponerme a estudiar ya; ¿qué otra cosa puedo hacer?", dice. Consuelo es una de los tres afectados que obtuvo su plaza por oposición. Pero el puesto no se consolidó debido a la política de privatizaciones del Consistorio. Su contrato se fue renovando año tras año, hasta ser rescindido más de una década y miles de actividades después. "Sólo espero que la gente que empiece lo haga con energía, porque hay mucho que hacer", comenta.

En el lugar de estos profesionales, y hasta que se decida a sacar a concurso público las seis plazas prometidas, el Ayuntamiento va a cubrir las bajas con contratos de colaboración social, algo que la oposición califica de "precarización" de un empleo ya de por si precario. Y es que el sueldo de estos bibliotecarios rondaba los 1.000 euros.

Lo que parece seguro es que no habrá continuidad en el servicio. Entre la salida de estos profesionales y la entrada de los nuevos contratados, no ha habido ninguna comunicación. Nadie se acercó esta semana hasta las bibliotecas para tomar el relevo de las actividades y tener una primera toma de contacto con el sistema informático o las actividades previstas.