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Mano dura contra los geriátricos ilegales. El cerco impulsado por el Principado a la oferta de mala calidad, o directamente pirata, en el sector de las residencias de mayores está dando sus frutos. En seis meses, la Consejería de Bienestar Social ha cerrado siete establecimientos y ha retirado la autorización a otros cinco (algo que no se había hecho nunca), además de abrir expedientes a 17. Todo ello es el fruto de las 250 inspecciones y las 21 denuncias atendidas entre enero y junio de este año. Esta actividad ha tenido su eco en la acción judicial, ya que la fiscalía ha emprendido acciones legales contra tres empresarios de Gijón y Oviedo. Se les acusa, respectivamente, de maltrato físico a los usuarios, de una acumulación indebida de medicamentos y del uso fraudulento de un poder notarial. Los casos están aún por juzgar.

Así lo aseguró ayer la directora general de Planificación y Calidad, Teresa Martínez, quien subrayó "el esfuerzo realizado por el equipo de inspectores", que en sólo un año ha incrementado hasta un 555 por ciento su actividad. Y es que, en el primer semestre del año pasado, las inspecciones realizadas fueron 38. Un año antes, habían sido 36. Frente a estos números, el primer semestre de 2008 se cerró el lunes con 250 visitas en el haber de los inspectores. En la misma comparativa, en el primer semestre de 2007 no se cerró ningún geriátrico. En seis meses de 2008 ya van siete clausuras, seis de las cuales son ya efectivas.

Martínez explicó que esta actividad es fruto "del compromiso que hemos alcanzado con la calidad. Insisto siempre en que no es sólo una promesa, sino un objetivo que nos hemos marcado, porque calidad no consiste, únicamente, en tener tal o cual certificación, sino en dar a los mayores la mejor atención, la atención que merecen y a la que tienen derecho".

Por ese motivo, aseguró que su departamento continuará "multiplicando los controles", puesto que "el objetivo es inspeccionar este año todos los centros de mayores, lo que ya está hecho, pero no sólo las residencias, sino también los centros de día y sociales. También queremos abarcar los de infancia y discapacitados".

En cuanto a la primera tarea realizada, la de las residencias de mayores, Teresa Martínez subrayó que "sólo hemos encontrado irregularidades en el 15 por ciento. Evidentemente, encontrar una mala no está bien, pero hay que destacar que el 85 por ciento del total de la oferta asturiana es buena. Y de calidad".

Respecto al grupo "minoritario", la mayoría presenta problemas "de sobreocupación. Es la irregularidad más detectada, que tiene su trasfondo, también, en el fraude fiscal". Por ese motivo, la Bienestar Social cruza sus datos con la Agencia Tributaria, "para que investigue esas cuentas", y hace lo propio también con la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios "por las irregularidades en materia de sanidad alimentaria y de acumulación de medicamentos que hemos detectado".

El tirón de este primer semestre no se frenará por la llegada del verano. Todo lo contrario. Martínez mantiene que "seguiremos con, al menos, dos inspecciones nocturnas al mes. La mayoría serán de oficio, es decir, sin aviso previo y a cualquier hora", advierte. En su opinión, en este asunto "no vamos a dar ni un paso atrás", porque lo que está en juego "es la calidad de vida de las personas mayores".