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El Ayuntamiento asegura que la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que ordena la clausura de la "Plantona" es "de difícil cumplimiento". El concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, se convirtió ayer en el segundo miembro del equipo de gobierno en pronunciarse sobre el fallo judicial que ha desestimado los recursos de apelación del Consistorio gijonés y el Principado contra una resolución judicial de julio de 2006 que señalaba que, en el caso de la planta de pretratamiento de aguas residuales de Somió, no estaba suficientemente acreditada la excepcionalidad del incumplimiento de la distancia mínima de 2.000 metros a la urbanización de chalés de El Pisón. Lo que el Ayuntamiento ha vulnerado según los jueces es una de las disposiciones del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), normativa medioambiental estatal que estaba vigente en el momento en que se falló la resolución judicial ahora confirmada y a la que el TSJA dice que debe adecuarse la polémica instalación.

Sanjurjo volvió a poner de manifiesto que el equipo de gobierno aún no tiene definida la estrategia jurídica a seguir a partir de este momento. Como ya hiciera el día anterior el portavoz de la junta de gobierno, el edil de Promoción Económica José María Pérez, el concejal de Urbanismo aseguró que las salidas posibles a esta situación las "están estudiando los servicios jurídicos municipales". Sanjurjo recordó que pese a que la última sentencia es firme, aún le queda al Ayuntamiento la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) alegando indefensión ante lo que ordena el fallo. Si finalmente opta por esa vía, el plazo que tiene para presentar el recurso es de un mes.

El también portavoz del grupo municipal socialista remarcó que "se trata de una sentencia en la que es evidente que la situación legal actual supera los hechos juzgados". El edil se refirió así, sin mencionarlo expresamente, a la ley de acompañamiento presupuestario del Principado, de diciembre de 2006, que dejó sin efecto en Asturias la obligación de separar instalaciones de saneamiento como la "Plantona" a dos kilómetros de las casas, y la Ley de Calidad del Aire, de diciembre de 2007, que derogó el RAMINP en el ámbito de España.

En la misma línea del portavoz de la junta de gobierno, Sanjurjo garantizó que el proyecto de depuradora aprobado por la Confederación Hidrográfica del Norte (CHN) para la zona Este "resolverá" la inseguridad jurídica a que lleva sometida la "Plantona" desde hace trece años. Y la solución será enterrar el sistema de pretratamiento de las aguas negras en el subsuelo de El Pisón junto a las nuevas instalaciones de depuración. "Es evidente que esa planta -en alusión a la "Plantona- va a desaparecer y esta resolución judicial no va a alterar los planes de saneamiento".

En este mismo sentido se manifestaron los socios de gobierno de IU. Francisco Santianes expresó su convencimiento de que con la nueva planta soterrada y dotada de las últimas tecnologías se conseguirá "la convalidación legal" de la "Plantona". El concejal de Izquierda Unida aseguró que con el enterramiento de la "Plantona" "se cumple" una de las propuestas técnicas reflejadas en el informe pericial sobre el que se basan las dos últimas sentencias. El perito, recordó Santianes, planteaba o bien colocar una plataforma ocho kilómetros mar adentro o bien realizar una instalación subterránea. De esta forma no sería aplicable la obligación de la distancia de los 2.000 metros a núcleos habitados.

El grupo municipal popular manifestó ayer que el nuevo varapalo judicial por la "Plantona" no supone "ninguna sorpresa, ya que el TSJA ya se había pronunciado con anterioridad sobre este asunto y no tenía por qué cambiar de criterio". Pidió al equipo de gobierno que "se ponga las pilas, ya que si los tribunales no aceptan la "Plantona", difícilmente van a poder llevar adelante la depuradora en el mismo emplazamiento". Por último,las mismas fuentes populares aseguraron que su grupo siempre defendió unificar pretratamiento y depuración en la ubicación más alejada posible de la población.

Por su parte, el abogado de la comunidad de propietarios de El Pisón, Marcelino Abraira, reiteró que sus representados, que están "indignados con las declaraciones del equipo de gobierno", van a solicitar la ejecución de la sentencia del TSJA si ésta no se produce en el plazo legal establecido de dos meses. El letrado, que se reunirá esta tarde con los vecinos para acordar nuevas medidas contra el Ayuntamiento, anunció que la próxima semana presentará el primer contencioso para intentar frenar en los tribunales la construcción de la nueva estación depuradora del Este, con independencia del soterramiento de la "Plantona", de nuevo a escasos metros de sus chalés.