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La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la petición de suspensión cautelar del subtramo de la A-8 entre Unquera y Pendueles a su paso por el barrio de La Mata (en Ribadedeva), que representa un total de 2,5 kilómetros del trazado pero cuya paralización podría afectar a todo el subtramo. Y no sólo eso. En el escrito remitido desde Madrid, se solicitan pruebas al Gobierno del Principado que demuestren la existencia de una aliseda pantanosa, es decir un espacio protegido, en la finca por la que originalmente iba a discurrir la autovía. La existencia de esta masa arbórea fue planteada por el Ejecutivo regional como argumento para proteger esta zona del trazado de la autovía del Cantábrico.

Fue esta la razón que motivó al Ministerio de Fomento y al Principado a llevar el trazado por el barrio de La Mata, algo que obliga a su derribo y que motivó que los vecinos presentaran, hace ya más de un año, un recurso a la sala de lo Contencioso-Administrativo al que ahora han añadido esta petición. Todo con el fin de paralizar las obras al menos hasta que se falle la resolución del proceso.

Así lo explicó ayer uno uno de los afectados, Germán Abad. "En un plazo de diez días deberán aportar toda la documentación y todos los datos que tengan en los que se informe de qué es lo que hay exactamente en esa finca".

Eso concierne a los estudios que realizaron los técnicos de Fomento antes de plantear la obra que, según el portavoz vecinal, Gumersindo Fernández, "siempre hablaron de desviar el trazado del barrio de La Mata, incluso en el caso de que existiera una aliseda porque la afección a la finca iba a ser la misma". En su momento, "tanto el delegado del Gobierno como el Ministerio de Fomento aseguraron que iban a seguir a rajatabla las indicaciones de los técnicos. Sin embargo, en esta zona hicieron todo lo contrario", se queja.

La Audiencia Nacional contará también con los informes de los biólogos, que califican la zona, enmarcada todavía dentro de la Red Natural 2000, como "una finca de matorral bajo sin ningún tipo de valor ecológico".

Multa de 30 euros

"No nos cabe duda de que el Principado tiene que decir la verdad respecto a este tema y tendrá que explicar que la aliseda no existe y que fue talada en el año 2001 porque la documentación correspondiente está ahí". Habla Abad sobre los papeles que han hecho llegar a la Audiencia Nacional y en los que se demuestra que en ese año se talaron 52 alisas, bajo un permiso concedido por Agricultura y Pesca. Una tala por la que, además, el propietario de la finca tuvo que pagar treinta euros de multa. "No existe -continúa el vecino- justificación alguna para derribar el barrio de La Mata y eso es lo que va a conocer la sala correspondiente de la Audiencia Nacional. Tenemos muchas posibilidades", consideró.

Dentro de unos pocos meses -Gumersindo Fernández calcula que serán "dos o tres"-, la Audiencia Nacional dará la respuesta que podría suponer un serio revés para la construcción de la autovía. Aún con todo, Germán Abad aseguraba ayer no tener ningún interés en paralizar las obras. "Sí querríamos -comentó- hacer un llamamiento a las autoridades correspondientes tanto de Asturias como del Ministerio de Fomento para que reflexionen. Antes de llegar a la paralización de las obras deberían dar marcha atrás porque es una falsedad que tengan que derribar el barrio. Si cambiaran el trazado se podría construir por aquí sin más demoras".

"Se puede cambiar"

El portavoz vecinal quiso recordar también las palabras del delegado del Gobierno, Antonio Trevín, que hace unos pocos días, en una visita en Peñamellera, aseguró que después de una licitación no se puede variar el trazado de la obra licitada. Y añadió: "En Cudillero, le han dado la medalla de oro a la Ministra de Fomento por cambiar una entrada después de la licitación. Que no nos digan que no se puede hacer".

Fernández tiene una teoría respecto a por qué se opta por el trazado que pone en riesgo el barrio de La Mata. "Creo que buscan dar un pelotazo urbanístico. Esta zona es muy guapa, está al lado de una ría y con que se pusieran de acuerdo Ayuntamiento y Principado y mandaran un escrito conjunto a la Unión Europea, podrían descalificar estos terrenos en dos o tres años", apunta.