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Después de un periodo de crecimiento menos rápido, las denuncias por malos tratos contra las mujeres rebrotaron con fuerza en 2007. Los juzgados asturianos recibieron 1.926 casos entre enero y diciembre, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género hizo público ayer el balance correspondiente al año pasado. Los asuntos tramitados en las salas crecieron un 22,2 por ciento respecto al año anterior, que con sus 1.586 casos había sido el de menor aumento de las estadísticas desde que comenzaron a elaborarse en 2002.

La mayoría de las actuaciones judiciales, de acuerdo con los datos del CGPJ, comienzan a requerimiento de las fuerzas de seguridad. Los atestados remitidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil suponen casi tres de cada cuatro denuncias que reciben los juzgados asturianos, mientras que las presentadas en persona por la víctima o por algún familiar directo sólo suponen el 8 por ciento del total. Algo más de la décima parte proceden de los hospitales y los centros de salud, cuyos profesionales están obligados a enviar a la Administración de Justicia los partes de lesiones cuando sospechan que su origen se debe a la existencia de malos tratos.

A pesar de la aceleración del ritmo de las denuncias, el Principado mantiene su posición como una de las comunidades autónomas con menor tasa de malos tratos en relación con su población. El órgano de gobierno de los jueces calcula que llegan a su conocimiento 17,9 casos por cada 10.000 habitantes, mientras que la media nacional es de 28. Pero ese consuelo es muy relativo porque significa que, en cada grupo de 10.000 asturianas, 34,4 han denunciado a sus maridos o compañeros. En este caso, la media española llega a 54,4 casos. Asturias presenta la tercera tasa más baja de denuncias entre las 17 comunidades autónomas y también una de las tasas de retirada de las denuncias más reducidas: un 8,8 por ciento.

Según el recuento, la causa más frecuente que anima a las víctimas a acudir en busca de auxilio son los malos tratos físicos. Las lesiones suponen el 78 por ciento de las denuncias. Tras ellas, el segundo motivo son las retenciones y las imposiciones en contra de su voluntad. Los delitos contra la libertad aportan el 16 por ciento de los casos. Los jueces también investigaron nueve denuncias por delitos contra la libertad sexual en el marco del matrimonio o de una pareja estable.

Los fiscales lograron la condena de los imputados cuyos casos llegaron a juicio en casi nueve de cada diez casos. El 87 por ciento de las 496 personas acusadas en las salas fueron halladas culpables. La mayoría eran hombres de nacionalidad española, aunque entre esa mayoría había tres mujeres y algo más de un 10 por ciento de extranjeros. La determinación de un castigo legal a los reos no siempre significa el final del calvario para las víctimas, según reconoce el CGPJ, que admite 83 quebrantamientos de condena, 23 incumplimientos de medidas civiles y siete de medidas penales decretadas en las sentencias.

La información disponible señala una caída en la concesión de órdenes de protección en el último trimestre del año. En esos tres meses sólo se autorizaron la mitad de las solicitudes presentadas, de forma que Asturias se quedó a la cola del país en la protección de las víctimas. En cualquier caso, muchos casos estaban aún sin resolver a 31 de diciembre y el balance final podría mejorar cuando incluya esos datos.

En toda España, más de 126.000 mujeres interpusieron otras tantas denuncias contra sus parejas o ex parejas el año pasado -a razón de 346 denuncias diarias-, lo que supone un incremento de más del 50 por ciento respecto de 2005, último año con datos comparables del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Este organismo, dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), considera que las cifras demuestran "una creciente confianza de las víctimas en la Administración de Justicia".

Pese a ello, los datos también revelan cierto aumento de las renuncias a continuar el proceso por parte de las víctimas. En el primer trimestre renunciaron el 9,34 por ciento de las mujeres que interpusieron denuncias mientras que en el último trimestre de 2007 la cifra de renuncias alcanzó el 10,52 por ciento. Los datos anuales confirman que un 10,06 por ciento -12.705- de las mujeres que iniciaron un procedimiento penal renunciaron a él.