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El grave error judicial cometido en el "caso Mariluz" ha destapado el caos: según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicado, los Juzgados de lo Penal asturianos acumulaban a finales de 2007 casi 7.000 sentencias sin ejecutar. Así se desprende del documento, que concluye que los 323 órganos del conjunto del país encargados de juzgar los delitos más comunes, los que crean una mayor alarma social, registraban al término del pasado año 269.405 asuntos pendientes de ejecución, lo que significa que son miles los ciudadanos condenados que no han sido conminados a cumplir los castigos impuestos mientras que miles de víctimas siguen sin recibir la reparación que la propia Justicia les reconoció.

De estas sentencias, un 70 por ciento (189.280 ejecutorias) corresponden a Juzgados de lo Penal Ordinarios y el resto, un 30 por ciento, 80.125 sentencias, a órganos especializados en esta materia creados en 2006 en Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián, las únicas ciudades que cuentan con estos órganos que sólo se dedican a ejecutar las sentencias dictadas por otros.

Según el exhaustivo documento elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ tras el "caso Mariluz" de cuya muerte se acusa a Santiago del Valle, quien, pese a tener varias condenas, se encontraba en libertad cuando cometió el crimen¯ y que será discutido el jueves en la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces, tanto los unos como los otros están saturados y "sobrecargados de trabajo". Los juzgados ordinarios de lo penal tenían cada uno, a final de 2007, 795 sentencias pendientes de ejecutar de media. En el caso de los quince órganos especializados en ejecutorias, se elevó a unos 5.700 asuntos pendientes. En Asturias, el promedio de sentencias pendientes en los Juzgados de lo Penal se sitúa por ligeramente por debajo de la media estatal, en 764. Este número, multiplicado por los nueve juzgados con competencia en esta materia de la región, arroja 6.876 sentencias sin ejecutar.

El CGPJ, que reconoce el colapso, pone como ejemplo de mal funcionamiento a Cantabria, con cuatro juzgados y 1.273 ejecutorias. Frente a ella, las que tienen menos presión son Castilla y León (16 juzgados y 368 sentencias pendientes) y Extremadura (siete juzgados y 428 ejecutorias).

El Poder Judicial apunta, por tanto, "la necesidad de implantar toda una batería de medidas urgentes" para restablecer la normalidad, y destaca puntos negros en el funcionamiento de los juzgados como "la ausencia de un sistema informático propio que permita controlar las distintas fases procesales".

El estudio señala además otros problemas de los juzgados: "Elevadísima movilidad funcionarial, lo que determinada que entre el 10 por ciento y el 90 por ciento de la plantilla funcionarial de estos Juzgados esté cubierta por personal interino", y la "falta de experiencia del personal adscrito en el orden jurisdiccional penal", así como "cierta descoordinación entre el personal titular a la hora de desarrollar su actividad". Asimismo, se considera "claramente insuficiente" el equipo rector de cada uno de los órganos, "constituido por un único magistrado y un único secretario judicial".

Un ejemplo de este caos es la imagen inusual pero que comienza a ser cada vez más frecuente en Avilés: el fiscal no acude a una causa civil. El pasado mes de enero la situación se produjo en el 24 por ciento de los procedimientos. La causa de esta situación es el incremento de trabajo de la adscripción permanente de fiscales de Avilés sin que, de forma paralela, se les dote de más medios materiales. Sólo cinco fiscales deben atender todos los procedimientos penales en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Avilés, Pravia, Luarca y Castropol, a lo que se suma que cambios legales como los juicios rápidos han supuesto un incremento de la actividad penal.