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El portavoz del sector crítico de Central Lechera Asturiana (Clas), Ramón Fernández, advirtió ayer de que "no apoyaremos ningún proyecto que implique el desmantelamiento de la sociedad agraria de transformación (SAT)". Su planteamiento, dice, no se circunscribe a un nuevo proyecto, sino a tomar medidas concretas que ayuden a corregir las disfunciones de la SAT. "El problema de Central Lechera es de gestión y tiene solución", sentenció Fernández. Asegura que "hay muchos ganaderos que están deseando entrar en la Central porque creen en la cooperativa". El representante del sector crítico plantea que la entrada de nuevos cooperativistas ayudaría, por un lado, a reforzar la cooperativa y, por el otro, a resolver el problema de los socios durmientes.

La asamblea celebrada el viernes en Clas ha arrojado más sombras que luces sobre el futuro de la compañía láctea. El ajustado respaldo que otorgaron los socios a la dirección de Clas para desarrollar "un proyecto que aporte soluciones a los problemas de la SAT" no servirá para iniciar, al menos de manera inmediata, el ansiado proceso de reformas, pero abre un nuevo escenario para tratar de reconducir el proceso y evitar la disolución de la sociedad. Antes, será preciso que las dos tendencias se pongan de acuerdo sobre el camino a seguir. Cualquier cambio que implique la transformación de la SAT necesitará contar con el apoyo mayoritario de la asamblea donde, de no mediar un pacto previo entre los dos sectores, el escenario es de bloqueo. De momento, las diferencias parecen irreconciliables.

Fusión cooperativa

Para Fernández, el fortalecimiento de la sociedad agraria es clave para garantizar un buen futuro a la Corporación Agroalimentaria Peñasanta (CAPSA) y podría dar paso a alianzas con otras cooperativas europeas. Existen algunos ejemplos de éxito como, por ejemplo, la cooperativa holandesa Campina, creada por 8.000 granjeros lácteos. Con presencia en 20 países, Campina es el tercer grupo lácteo europeo. Factura 3.600 millones de euros y su producción ronda los cuatro millones de toneladas.

Sin embargo, el presidente de Clas, Bertino Velasco, no parece estar dispuesto a facilitar la entrada de nuevos ganaderos en la cooperativa. "Primero nos tendrán que explicar cómo pretenden liquidar a los socios durmientes", dice. Según explica, en Asturias existen 2.800 ganaderos en activo de los que 1.600 ya entregan leche a la Central. "¿Cómo piensan liquidar a los más de 6.000 socios excedentes?", indicó. Velasco asegura que la propuesta para desdoblar la SAT que presentaron en la asamblea es la "mejor", después de haber estudiado otras muchas posibilidades. No obstante, asegura que "seguimos abiertos a escuchar propuestas y estaremos atentos al ofrecimiento de liquidez que plantearon tanto Caja Rural de Asturias como Cajastur. Un portavoz de esta última entidad financiera descartó ayer valorar el resultado de la asamblea celebrada el pasado viernes en la sede de Clas y reiteró que su oferta para compartir la gestión y el control de CAPSA "no está condicionada al proceso interno" abierto en Clas.

Oferta "neutral"

Cajastur -que tiene el 10,9 por ciento de CAPSA- resaltó que "la oferta sólo está condicionada a que se logre un acuerdo de gestión con la SAT, que permita a la Caja contribuir de manera activa al fortalecimiento de CAPSA, como empresa asturiana con vocación de liderazgo e innovación en el sector agroalimentario español". La entidad financiera formuló la oferta "con vocación de integración", de manera que puedan sumarse todas las partes interesadas en este proyecto, "con independencia de las diferencias de opinión que puedan mantener en otras materias, como pueden ser las relativas a la organización de la SAT, respecto a las cuales Cajastur es absolutamente respetuosa y neutral".

La entidad ha diseñado una oferta con vigencia indefinida, en la que está dispuesta a comprar las acciones de los cooperativistas en cualquiera de los procesos que se presenten en Clas, "a un valor razonable y equitativo" para todos los socios. De este modo, quiere garantizar el mantenimiento de la asturianidad de la firma, en la que los ganaderos tienen el 56,39 por ciento. A cambio, reclama a los socios unos "derechos adicionales" que le permitan compartir la gestión y el control de CAPSA.