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No confían en el compromiso político del Ayuntamiento y, por lo tanto, van a los tribunales. Los vecinos de Poniente han decidido comenzar su lucha judicial contra la celebración de la Semana Negra cerca de sus casas. Y lo han hecho a sabiendas de que es "muy difícil" evitar la edición de 2008, pero convencidos de que, en caso contrario, el certamen cultural y festivo volverá a ese mismo lugar en los próximos años. Así lo decidieron en una asamblea celebrada en la noche de ayer y en la que ninguno de los presentes optó por continuar las negociaciones con el Ayuntamiento.

La votación llegó después de que el presidente vecinal, Manuel Ángel García Baragaño, explicara con todo lujo de detalles el resultado de las conversaciones mantenidas con el concejal de Festejos, José Manuel Sariego, y con el responsable de la Semana Negra, Paco Ignacio Taibo II, en los últimos días. De esas conversaciones concluyeron una cuestión principal, la que más ha pesado a la hora de decidirse por la vía judicial: la negativa del equipo de gobierno a elaborar un decreto que recogiese la excepcionalidad de la ubicación elegida para este año. Es decir, los vecinos querían un compromiso por escrito de que Poniente sólo albergaría la Semana Negra en 2008. Pero ese compromiso no ha llegado. Al menos, no en la forma en la que los vecinos pretendían. Porque, al parecer, Sariego sí se mostró dispuesto a firmar las actas de las reuniones mantenidas, y que dichas actas recogiesen esa cuestión. Sería, defendía Sariego, un "compromiso político". Los vecinos reconocieron ayer que, sin ese demandado decreto en la mano, sería complicado exigir el próximo año que se cumpliera el compromiso. Por eso, han preferido no fiarse de la palabra de Sariego.

Hay otra cuestión que también ha pesado en su decisión: la ausencia, por el momento, de un estudio de incidencia acústica. Aunque confiaban en poder conseguirla, no se fiaban tanto de poder cumplirla. Porque, además, según explicó García Baragaño, el propio Sariego "reconoce que vamos a tener un problema de ruidos, que va a haber un altísimo nivel sonoro. Sólo el sonido ambiental va a ser alto, pero dicen que es inevitable". Eso, y otras cuestiones que ayer pusieron sobre la mesa: "Vamos a tener problemas para sacar los coches de los garajes, porque va a estar todo lleno de gente. Van a mear y a vomitar en los portales, va a haber basura...". Todas esas cuestiones, decían antes de la votación, "tenemos que asumirlas". Sí había posibilidad de negociar, explicó el presidente vecinal, cosas como el vallado de la playa, un seguro para posibles desperfectos en los edificios, el cierre al tráfico de alguna calle e, incluso, los horarios.

Pero la mayoría de los vecinos decidió no quedarse sólo en la negociación. De hecho, nadie quiso. Porque todos los presentes se inclinaron por la vía judicial, aunque con matices. Mientras unos -la mayoría, los que finalmente ganaron- defendieron hacerlo ya, otros apostaban por esperar a que pasara la celebración de la Semana Negra, para tener así más posibilidades de negociación con el equipo de gobierno. Eso planteaba un problema, resumido por alguno de los presentes: "Si esperamos, vamos a estar en las mismas. El próximo año no nos van a decir hasta abril si la traen a Poniente o no, y nos quedamos otra vez sin tiempo para reaccionar". Porque sí hubo bastante unanimidad en que "esta decisión está tomada hace muchos meses, pero no lo han dicho hasta ahora precisamente por eso".

Con la decisión tomada, queda hacer números. Por el momento, ayer sobre la mesa ya existían compromisos que sumaban algo más de 4.500 euros para poner en marcha el litigio. Todos confiaban en multiplicar esa cifra. Si lo hacen, valorarán otra cuestión: llevar también a los tribunales la celebración de los conciertos de la Semana Grande en Poniente. En principio, el abogado que llevará su caso es Marcelino Abraira, el mismo que defendió a los vecinos que consiguieron sacar la Semana Negra del entorno El Molinón.