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Niego la mayor". La alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso rechaza que se pueda hablar del advenimiento de un "catastrazo" en la ciudad, después de que el miércoles el concejal de Coordinación Administrativa y Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, anunciara una revisión del valor catastral de todos los inmuebles de Gijón, que se duplicará en un plazo de diez años para acercarlo a los valores reales que tienen en el mercado. El edil explica que este incremento, que repercutirá de forma directa en tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y los relativos a plusvalías y transmisiones, se hará de manera escalonada, a razón de un aumento del 10 por ciento anual a partir del 1 de enero de 2009.

Felgueroso quiere matizar algunos aspectos de la revisión catastral, asegurando que el Ayuntamiento tratará de limitar los efectos que pueda tener este incremento sobre la economía de los gijoneses. "Esto no va a ser un catastrazo. Hay medidas para atemperar la repercusión de estos aumentos y los emplearemos en su momento", asegura. La regidora explicó que para poder hablar de "catastrazo", en la revisión tendrían que concurrir dos factores de forma simultánea. Por un lado debería existir una valoración "muy fuerte" que al menos triplicara los niveles existentes. En el caso de Gijón los valores se multiplicarán por 2,2, cifra inferior al multiplicador aplicado en otros municipios, según la regidora. El segundo factor sería la ausencia de correcciones de los tipos impositivos, revisión que sí podría aplicar el Ayuntamiento gijonés.

Por su parte, Santiago Martínez Argüelles aseguró que, además de plantear la actualización de los valores catastrales de forma escalonada, en décimas partes, "se adoptarán medidas complementarias para evitar una repercusión abusiva sobre los ciudadanos". En la práctica, esto podría significar una modificación del tipo utilizado para el cálculo del Impuesto de Bienes Inmuebles, que en Gijón se sitúa actualmente en el 0,5723 por ciento.

La alcaldesa insiste en que "la revisión catastral no tiene por qué significar automáticamente pagar más" y puso como ejemplo la fórmula utilizada por el Principado de Asturias para calcular la cuota de impuestos como la sucesión "mortis causa". En el caso de los ayuntamientos que no han actualizado su catastro, la Administración autonómica multiplica los valores vigentes por 2,5 para calcular las tasas a partir de un precio del inmueble más aproximado al que tiene en el mercado. Este multiplicador no se utiliza una vez que se han actualizado los valores. La alcaldesa señaló que ella misma había tenido que aclarar este tipo de dudas e inquietudes a ciudadanos que la pararon para preguntarle por la calle.

Desde la oposición, el concejal del Partido Popular Pablo González asegura entender que el Ayuntamiento está obligado por ley a revisar los valores catastrales y que tampoco puede elegir en qué momento hacerlo, pero pidió al equipo de Gobierno que, dadas las circunstancias, se recurra a la "bonificación potestativa", una cláusula recogida en la Ley de Haciendas Locales que permitiría que el aumento del valor catastral de los inmuebles no repercuta en los impuestos de los ciudadanos durante los tres primeros años de aplicación de la revisión.

"El paro está subiendo, el IPC se ha disparado, los sueldos se estancan, el valor de los bienes y los pisos corre el riesgo de depreciarse y estas son las buenas noticias que da el Ayuntamiento", lamentó el concejal. Por ello, "el Partido Popular hará todo lo posible porque se incorporen estas bonificaciones". Por otra parte el edil criticó el hecho de que "un 50 por ciento de los ingresos municipales" procedan de los impuestos y pidió "que se deje de exprimir los bolsillos de los gijoneses".