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El Boletín Oficial del Estado publicó ayer una Orden del Ministerio de la Presidencia por la que establece las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de las ayudas a los tripulantes de buques españoles afectados por el plan de recuperación de la merluza del sur y la cigala. El importe máximo establecido es de 1.825.200 euros, distribuidos a razón de 45 euros por persona y día de paro.

Los beneficiarios serán los trabajadores de barcos de arrastre que hayan parado un máximo de 30 días, seguidos o en dos periodos, entre el día primero de julio de 2007 y el pasado 31 de enero, conforme a la convocatoria de amarre voluntario efectuada en su día. La Orden citada especifica que no podrán solicitar las ayudas los armadores enrolados, aunque estén asimilados a trabajadores por cuenta ajena.

Las solicitudes de ayuda, por un importe de 45 euros por día de parada, deberán ser dirigidas al director provincial del Instituto Social de la Marina dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la norma, cosa que sucede al día siguiente de su publicación, es decir, hoy mismo.

Posteriormente, el Instituto Social de la Marina tiene un plazo de 6 meses para resolver, de forma que las ayudas pueden tardar más de medio año en llegar a sus destinatarios desde el momento de la convocatoria y más de un año desde que se produjo la parada y, por lo tanto, la pérdida de salario.

No obstante, el aspecto más polémico de la norma continúa siendo que favorece sólo a los tripulantes de la flota de arrastre y no a los marineros de otros barcos que también pararon. La asociación de armadores de artes fijos del Cantábrico y Noroeste, que tiene sede en Luarca, ha denunciado esa discriminación y logró que la oficina del Defensor del Pueblo haya admitido a trámite la investigación del caso.