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El Ayuntamiento contratará hoy el crédito de 6 millones de euros con el que pretende pagar el resto de la deuda de Villa Magdalena. Según adelanta el concejal delegado de Economía, Agustín Iglesias Caunedo, la Junta de Gobierno Local acordará firmar el crédito con Dexia, la financiera del Banco Sabadell.

El presupuesto municipal de este año contemplaba la concertación de operaciones de crédito por 12 millones para la financiación del plan de inversiones. Sin embargo, en enero y por vía de urgencia, el Ayuntamiento contrató la mitad del préstamo y modificó el presupuesto para pagar con el dinero recién ingresado la anualidad del campo de fútbol.

Tras la operación, restaban 6 millones por pedir a los bancos para inversiones, pero de nuevo las urgencias obligarán a modificar el presupuesto para hacer frente a otras deudas. El equipo de gobierno pretende saldar con este préstamo lo que le falta por pagar por la expropiación de Villa Magdalena, unos 3,7 millones.

De los 11,2 millones en los que valoró el palacete el jurado de expropiaciones en 1998, el Ayuntamiento pagó en marzo 4,5 millones, con cargo a la partida de compra de terrenos, y 3,7 más en intereses de demora con el remanente de tesorería del ejercicio pasado.

Los pagos llegan diez años después de la enajenación de la finca y como parte del cambio de estrategia municipal en el pleito que sostiene el Ayuntamiento con el empresario expropiado, Miguel Ángel Menéndez del Fueyo.

El equipo de gobierno aprobó pagar el justiprecio en noviembre de 1998, pero incumplió el acuerdo y nunca lo hizo. Amparándose en este hecho y mientras se dilucidaban los recursos ante el Tribunal Supremo sobre el precio, Del Fueyo solicitó una retasación, una nueva valoración del palacete, por 63 millones.

En defensa, el Ayuntamiento adoptó otra estrategia legal: negar el derecho de Del Fueyo a solicitar un nuevo precio por haber valorado la finca al absorber una sociedad a otra del mismo grupo. La medida supone el inicio de un nuevo pleito para frenar la retasación, pero a la vez obligaba al Ayuntamiento a pagar ya el precio de 1998.

El crédito permitirá pagar lo que falta del justiprecio (los 3,7 millones), pero por impedimento legal no podrá usarse para saldar los intereses de demora que quedan, que se estiman en unos 300.000 euros. Para hacer frente a este "pico", se recortará gasto corriente.