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La Agencia Tributaria ha iniciado ya las investigaciones sobre aquellos casos de sobreocupación detectados por el Servicio de Calidad e Inspección de la Consejería de Bienestar Social en geriátricos de la región. Estas irregularidades podrán tener consecuencias fiscales para el propietario de los centros denunciados. Hasta el momento, son siete las residencias privadas a las que el Principado ha abierto un expediente de cierre por incumpliento de la normativa.

Para llevar a cabo un control más estricto, las Consejerías de Bienestar Social y de Salud y Servicios Sanitarios -a través del Servicio de Calidad e Inspección y de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo respectivamente- programarán inspecciones conjuntas y periódicas a los centros privados de atención social. El objetivo es garantizar las condiciones sanitarias y los estándares de calidad y atención para este tipo de establecimientos.

El acuerdo entre ambos departamentos se alcanzó en la reunión mantenida ayer por la directora general de Planificación y Calidad, Teresa Martínez, y el director de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Juan Llaneza, en la que se acordó un protocolo de actuación.

Además de las inspecciones periódicas, la coordinación de las dos consejerías facilitará el intercambio de información cuando alguna de ellas detecte un caso de incumplimiento de las normas de salubridad, higiene alimentaria o deficiencias de atención que afecte a las competencias de la otra.

El Ejecutivo regional destacó ayer que este acuerdo entre las consejerías de Bienestar Social y de Salud «se enmarca en la apuesta del Principado por la consolidación de un sistema de servicios sociales de calidad, centrado en el respeto de los derechos de las personas, especialmente de los grupos más vulnerables».

El área de Bienestar Social puso en marcha en enero el programa 2008-2009 para la Inspección y Mejora de la Calidad de los Centros de Atención Social del Principado, que hasta ahora ha hecho posible multiplicar por seis las inspecciones realizadas durante los últimos años, abrir 13 expedientes sancionadores.