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Más de 300.000 euros, concretamente 313.454, son los que ha pedido Constantino García Suárez a la Administración de Justicia en concepto de indemnización por una decisión judicial que, según su abogado, el ovetense José Carlos Botas, "fue adoptada de forma injusta o, al menos, inadecuada". Se refiere a la tomada por el juzgado de guardia de Burgos en febrero de 2006, al recibir la denuncia de la Guardia Civil de Tráfico, que interceptó a Constantino García Suárez en la autopista León-Burgos conduciendo su Audi 8 a 260 kilómetros por hora. En ese mismo momento, el juzgado decretó de forma cautelar la retirada de carné, medida que se mantuvo en vigor hasta que, 13 meses después -en marzo de 2007-, la Audiencia Provincial de Burgos falló a favor del conductor asturiano, capataz de obras de la Consejería de Infraestructuras del Principado. Para entonces, todos los medios de comunicación nacionales se habían hecho eco de un exceso de velocidad que había batido récords en los radares españoles.

Según señaló el abogado José Carlos Botas, la cuantía de la reclamación de responsabilidad patrimonial está establecida en función de los distintos perjuicios que ocasionó a Constantino García Suárez la decisión judicial. "Es un hombre que utiliza el coche para trabajar y durante ese tiempo no pudo hacer uso de él. Tiempo, por otra parte, en que el vehículo estuvo parado, con el deterioro que ello conlleva. Por otra parte, mi cliente es cazador y había adquirido un coto de caza que no pudo disfrutar por no disponer del coche, y a todo ello le unimos los daños morales sufridos por haber salido en todos los medios de comunicación y después haber sido absuelto". Por todo ello reclama 313.454 euros.

Botas, quien confiesa que estaba convencido de la absolución de su cliente, no ha admitido sorpresa alguna por el nuevo proceso iniciado para solicitar la indemnización económica. "A mí esto no me sorprende, sufrió unos daños que puede querer reparar, lo que me sorprendió fue la decisión de la jueza del Juzgado de lo Penal número uno de Burgos", afirma. Decisión que se concretó en seis meses de cárcel y dos años de retirada de carné de conducir por conducción temeraria. El afectado recurrió y la Audiencia Provincial cambió la sentencia.

Entendió que, aunque ir a 260 kilómetros por hora constituye una conducta "manifiestamente temeraria al infringir gravemente las normas de circulación" que crea "rechazo y reproche en la mayoría de la sociedad", no se puede considerar como un delito de conducción temeraria porque "no hubo ninguna circunstancia de peligro concreto", requisito necesario para aplicar el artículo 381 del Código Penal.

La reclamación judicial fue presentada este mismo mes, al filo de que concluyera el plazo anual establecido "por falta de tiempo, no por otra cosa", según dijo Botas. Ahora, a esperar la resolución, contra la que cabe recurso contencioso-administrativo.