Noticias Ya.com

La alcaldesa de la localidad asturiana de Llanes, María Dolores Álvarez Campillo, del PSOE, su hermano y dos trabajadores municipales declararán ante el Juzgado de Instrucción número 1 del municipio por un supuesto delito de tráfico de influencias, prevaricación y falsificación de documento público. Las comparecencias comenzarán el 4 de junio. La titular del Juzgado admitió a trámite la querella presentada por el PP por este presunto delito relacionado en la adjudicación del suministro de piedra caliza para pavimentar el puerto llanisco.

Según el principal partido de la oposición, dicho contrato se realizó en condiciones de «clandestinidad y de vulneración» de la legalidad vigente. Además de la regidora, la querella alcanza también a la actual concejal de Empleo, María Antonio García Arenas, imputada en un presunto delito de prevaricación; al técnico municipal, Ignacio Álvarez Fernández, por supuesta falsificación de documento público; y al hermano de la alcaldesa, Ricardo Álvarez Campillo, por una presunta utilización de tráfico de influencias.

El relato de la acusación es que Álvarez Campillo aprovechó su antiguo cargo de concejal de Empleo para conceder a la empresa de su hermano Ricardo la contratación del suministro «a sabiendas de su injusticia». Por su parte, el técnico municipal emitió un informe «faltando dolosamente a la verdad al decir que solamente una empresa, la implicada, podía suministrar pieza caliza al Ayuntamiento de Llanes». El Consistorio llanisco ha tenido numerosos problemas en materia de Urbanismo desde la anterior legislatura. El Partido Popular cree que la situación actual de esta área es de «absoluto descontrol y falta de rigor».

El equipo de gobierno inicia actualmente los trámites para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, que hace un año fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por «no ajustarse a la legalidad». El recurso presentado por el Principado y el Ayuntamiento permite actualmente seguir emitiendo licencias, a la espera de una resolución definitiva que, según los populares, ratificará el primer fallo.