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El Partido Socialista planteará hoy, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), un Código de Buen Gobierno Local para evitar nuevos casos de corrupción en los ayuntamientos, como los ocurridos recientemente en Estepona o Totana. En el plazo de dos meses, está previsto que la ejecutiva de la FEMP apruebe un documento que cada corporación debe incorporar al Ordenamiento local a través de sus reglamentos orgánicos. La propuesta incluye, además, la creación de un observatorio de evaluación de la "calidad democrática" para analizar la aplicación de los contenidos de este código.

Los representantes municipales tendrán hoy ocasión de conocer el texto, que ha sido elaborado por el secretario de Política Municipal del PSOE, Álvaro Cuesta. "Es legítimo que los ayuntamientos pidan más recursos, pero también deben comprometerse a mejorar las normas en clave democrática y de transparencia", asegura el dirigente socialista, mentor de este código de buenas conductas municipales.

Es prioritario, según recoge el documento, configurar una ética pública que, explican, "evite la mala gestión, destierre posibles actuaciones corruptas y sirva para generalizar las buenas prácticas".

El texto, que podría enriquecerse con las aportaciones que salgan del debate interno de los propios ayuntamientos, se complementará con la legislación estatal y se configurará como un "estatuto digno y exigente para los electos locales". El propósito último de esta iniciativa es "mejorar los modelos de gestión y ser una garantía de igualdad y solidaridad".

El documento planteado por los socialistas incluye una serie de principios cuyo fin es "fomentar" la transparencia y la democracia participativa. Así, una de las prerrogativas que deben cumplir los representantes electos es "abstenerse de ejercer sus funciones o utilizar sus cargos para favorecer intereses privados, propios o de terceras personas". Además, no se admitirán actuaciones que puedan resultar "discriminatorias" en caso de sexo y se obligará a respetar la voluntad de los ciudadanos y la lealtad política respecto a la asunción de las normas antitransfugismo vigentes.

Los cimientos sobre los que se sustenta la propuesta socialista son una serie de medidas que persiguen "garantizar" la máxima transparencia de gestión. No es extraño la inclusión de un apartado específico en el que se obliga al equipo de gobierno a mantener "reuniones periódicas" con la oposición para dar cuenta de sus iniciativas y proyectos. El documento incorpora también la regulación de una carta de derechos ciudadanos sobre el funcionamiento de los servicios, así como la creación de comisiones de sugerencias y reclamaciones, que servirán como vehículo para "profundizar en la participación vecinal".

La iniciativa socialista prevé también constituir la figura del Defensor del Contribuyente para el "fortalecimiento de los derechos y garantías de los ciudadanos" en materia tributaria. Asimismo, abren la puerta a la creación de comisiones de investigación -que ya funcionan en algunos casos- para abordar asuntos de interés municipal. Respecto a las empresas de titularidad o participación pública existirá la obligación de aplicar "códigos éticos de conducta", al tiempo que se crearán comisiones de vigilancia en la contratación pública para garantizar que se llevan a efecto bajo el principio de legalidad, publicidad y libre concurrencia.

El texto señala también las incompatibilidades de los cargos electos y la necesidad de que los mismos declaren sus bienes patrimoniales, tal y como hicieron hace escasos meses los ediles del ayuntamiento de Gijón.

A raíz de una proposición no de ley aprobada en el Congreso, el PSOE insta a las fuerzas políticas a llegar a un pacto para que las retribuciones de los cargos públicos locales "respondan a criterios objetivos". Esto significa que los salarios estarían definidos en función de la población, el presupuesto o la situación financiera. El documento plantea, de forma paralela, una serie de medidas de democracia participativa que, según explican, "fomentarán una administración dialogante con los ciudadanos, crearán cauces de intervención vecinal en la gestión de los servicios municipales descentralizados y la constitución de grupos de trabajo en torno a proyectos determinados.

La ejecutiva de la Federación de Municipios, con Pedro Castro al frente, tendrá la última palabra sobre una propuesta que debe resolverse de forma paralela a la nueva financiación local.