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Un nuevo agujero volverá a hacer temblar las ya de por sí inestables cuentas municipales, que en menos de un año asumieron el pago de cerca de 13 millones por la expropiación del palacete de Villa Magdalena y otros 6 por las fincas de Rodríguez Cabezas. El Ayuntamiento se enfrenta ahora a un gasto de otros 7 millones de euros por el Conjunto Histórico de Olloniego, expropiado en 1995. Se trata del capítulo más reciente de una larga historia. El Tribunal Supremo ordenó en 2006 la creación de una comisión de expertos compuesta por Eduardo García Enterría, de Construcciones Anta (en nombre de los propietarios), Rafael Manzano, catedrático de Historia de la Universidad de Sevilla y representante del Instituto de España, y Antonio Bonet, de la Consejería de Cultura a instancias del Ayuntamiento. Este grupo estudió el conjunto y presentó la valoración económica en el Registro Municipal hace dos semanas. Aunque el equipo de gobierno lo guardó silencio, la oposición hizo públicas ayer las cifras: el equipo de gobierno deberá pagar 4,1 millones de euros por el conjunto medieval, compuesto por el palacio, la torre, el puente, los terrenos y el suelo. A la cantidad sumará otros 2 millones de euros por intereses de demora más un precio de afección, que supone otro 5 por ciento.

El caso guarda ciertos paralelismos con otras expropiaciones recientes. Combina un dilatado proceso y una dudosa gestión que obliga al pago de cuantiosos intereses de demora. Pone además en cuestión el argumento del alcalde, Gabino de Lorenzo, que en lugar de hablar de estos sentencias, achaca la situación a los tiempos de crisis económica.

Hay que remontarse a principios de los noventa para exponer el caso. En 1991, el deteriorado conjunto medieval recibió la protección Integral Monumental y su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) -. Dos años más tarde comenzaron las negociaciones entre los propietarios y el Ayuntamiento. Los dueños pedían 6,6 millones de euros y el equipo de gobierno sólo estaba dispuesto a pagar 480.000 euros. Finalmente, tras decidir su expropiación en 1995, el Jurado de Expropiación marcó el justiprecio en 7,2 millones. El Ayuntamiento, reticente a pagar esa cantidad, intentó la anulación del proceso en 1996, pero el carácter patrimonial impidió dar marcha atrás. El propio Tribunal Supremo destacó en 2003, que con esta petición el Ayuntamiento "parece quiere eludir el pago". Esto dio paso a un periplo judicial, del que ayer se conoció esta última valoración, muy inferior a la inicial aunque lo más probable es que haya que esperar unos años para conocer la cantidad final. Todo indica que el Ayuntamiento recurrirá hasta agotar todas las vías para demorar el pago.

A la nueva tasación le acompañaron ayer las reacciones políticas. El concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, defendió ayer que la expropiación permitirá "recuperar un buen patrimonio" y que su intención es "rentabilizarlo". En cuanto a la cantidad a pagar, reconoció que "no es una cifra nada desdeñable" pero asumible. La oposición se mostró más crítica. El primero en hacer pública la valoración, Roberto Sánchez Ramos, recordó que el conjunto vuelve así a sus orígenes. "Esta torre fue hecha para cobrar los ingresos de la gente que transitaba, ahora la pagaremos entre todos", bromeó. Lejos de la anécdota, el edil indicó que al Ayuntamiento sólo le restan ahora dos posibilidades: "o paga, para lo que habrá que desviar fondos de otras inversiones, o recurre". Desde las filas socialistas, Margarita Vega comparó la situación con la de Villa Magdalena, pues se cometieron "los mismos errores". "Lo grave son los intereses, producto de la gestión nefasta por aplazar un proceso judicial durante tantos años". Queda en el aire, además de con qué fondos se pagará, qué usos futuros tendrá el complejo. Los vecinos propusieron en su día un Parador Nacional. El Catálogo Urbanístico del Concejo enumera las compatibilidades con la protección y abre la puerta a esta última posibilidad: el conjunto deberá explotarse en su totalidad, no pondrán edificarse viviendas particulares y si se plantea un uso hostelero, será para todo el conjunto. Hasta que se resuelva esto y la expropiación, la finca de Olloniego continuará llenándose de zarzas.