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El proyecto de la "Ciudad del Cine y las Artes de Cantabria" auspiciado por el grupo inversor "VFM Investments" no necesitará cambiar de emplazamiento pese a que parte de la superficie prevista para su desarrollo está afectaba por el Plan de Ordenación del Litoral (POL). Esa sería la conclusión a la que han llegado los técnicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, tras varios meses de estudio.

La viabilidad de la ubicación ya le ha sido transmitida oficialmente a José Chauflleur Buenate, del grupo "VFM Investments". Eso sí, en esa inicial comunicación el Gobierno define que habrá que modificar en parte el proyecto para que éste se ajuste al marco legal y se preserven de forma nítida las condiciones medioambientales de la zona, integrada en el Área de Interés Estratégico Ambiental Canteras de Cuchía, en el Ayuntamiento de Miengo. Además, la actuación tendrá como requisito imprescindible la recuperación del sistema dunar y la restauración ambiental del ámbito de la antigua explotación minera. Los cambios afectan tanto a la redacción del proyecto original, como a su diseño y a las ubicaciones planteadas.

Sobre el proyecto original, esos condicionantes obligarían a desplazar algunas de las edificaciones que incluye la "Ciudad del Cine" para proteger las zonas más sensibles. Si los gestores del proyecto dan su visto bueno y aceptan el desarrollo de las modificaciones, el proyecto recibirá el visto bueno del Gobierno regional, con quien en su día se firmó un protocolo de colaboración.

En la comunicación oficial hecha por el director general de Ordenación de Territorio, Luis Collado, se señala con claridad que los principales objetivos generales del POL -referidos al mantenimiento de los rasgos paisajísticos, protección de hábitats, recuperación del sistema dunar, restauración de espacios deteriorados y gestión de los procesos de cambios de actividades- "sí tienen cabida, en mayor o menor medida, en el proyecto presentado", por lo que si se producen distintas modificaciones el Ejecutivo aceptará la viabilidad al proyecto.

Desde la administración se han establecido todas las modificaciones obligadas. En primer término tendrá que variarse el tratamiento dado al área dunar, que deberá ser reconsiderado para conseguir una propuesta más acorde con la regeneración ambiental requerida. En un segundo término, los técnicos estiman que algunos usos deben reubicarse en el espacio y relegarse a áreas de menor calidad ambiental. El objetivo fundamental de esos cambios sería eliminar los efectos de la explotación minera, actualmente abandonada, lo que permitirá que el área destinada a recuperación ambiental se incorpore "al modelo territorial de manera que se implanten usos cuyo carácter socio-económico sea de interés regional".

En base a esa premisa y aunque el interés regional estaría implícito en toda actuación que cumpla el POL, el Gobierno ha dejado claro que "para cualquier proyecto -en este caso la "Ciudad del Cine"- que pueda desarrollarse en el área e incluya otros usos por cambio de actividades", la calificación de "interés regional" sea declarada expresamente por el Ejecutivo de Cantabria".

A juicio de los técnicos, el proyecto deberá buscar "de forma inequívoca" la recuperación de parte de los terrenos en los que asiente, "integrando con visión de conjunto las actuaciones, tanto de uso público como privado, de zonas urbanizadas como renaturalizadas, debiendo ser estas últimas claramente predominantes en el conjunto total".

Por ello, se estima que lo más adecuado sería plantear "una propuesta ambiental y paisajística ambiciosa que reduzca el impacto generado por la actividad extractiva y respete específicamente la zona de la ribera y el conjunto del litoral, eliminando las construcciones planteadas en dicha zona". El método para desarrollar la actuación sería a través de un Plan Singular de Interés Regional (PSIR), fórmula que también habían sugerido los inversores. Para Ordenación del Territorio ese mecanismo legal proporcionará un mayor nivel de seguridad jurídica ya que desde un primer momento se plantearán todas las actuaciones programadas. Todo ello en detrimento de la opción de recurrir a un Plan Especial, en cuyo desarrollo no se exige, al menos en su fase inicial, la concreción de todos los usos.

Desde la Consejería de Obras Públicas se ha solicitado mantener una reunión de trabajo con el grupo inversor y los técnicos con el fin de analizar la decisión técnica adoptada. El encuentro se celebraría el próximo 9 de mayo