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El diputado del PP balear, Antoni Serra, mostró su "sorpresa" ante el hecho de que sean las entidades locales las que tengan que abonar dichas cantidades y, en este sentido, remarcó las dificultades que tendrán para poder hacer efectiva una medida que "todavía no sabemos cómo se va a financiar", lamentó.

En este contexto, explicó que el Ejecutivo autonómico convocó la semana pasada a los representantes municipales para explicarles el contenido de una propuesta que, afirmó, es "inasumible" para los Ayuntamientos, al no disponer de personal suficiente que se encargue de realizar las valoraciones de la situación que atraviesan las familias para determinar las ayudas que necesitan.

"Es una forma de ahogar más a los consistorios que, de por sí, ya están saturados de trabajo", afirmó el diputado del PP, quien remarcó la necesidad de que el Govern refuerce las plantillas si realmente quiere aplicar la medida.

Además de la falta de medios, Serra señaló que algunos municipios pequeños, como Lloret o Selva, no podrán adelantar los 3.000 euros a las familias que están en situación de dificultad, a la espera de que administración autonómica lo revierta en las arcas municipales. "Lo primero que tiene que hacer el Govern es poner el dinero encima de la mesa para aplicar esta medida", apostilló el dirigente 'popular'.

La iniciativa, que se incluye que se incluye en el Plan Autonómico de Ayudas Económicas de Urgencia Social, establece que sean los trabajadores sociales municipales los que se encargarán de valorar semanalmente las necesidades económicas de las familias. La propuesta arranca con una cuantía inicial de 1,5 millones de euros y cuyas ayudas van destinadas a familias que nunca antes se habían visto en la necesidad de acudir a servicios sociales municipales o eran usuarias de forma muy ocasional.