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El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, aseguró ayer que "va a ser difícil" llegar a un acuerdo sobre el traspaso de competencias en materia judicial a la Comunidad balear antes de las elecciones generales del 9 de marzo, tras una reunión mantenida hoy en Madrid con el consejero balear de Presidencia, Albert Moragues.

Pérez y Moragues coincidieron en señalar que el principal obstáculo para lograr este acuerdo continúa siendo el emplazamiento del nuevo juzgado de Ibiza, un proyecto que "marca el ritmo" para acordar el resto de las condiciones del traspaso de competencias, según aseguró el secretario de Estado.

Hasta ahora, existían dos propuestas de ubicación de los juzgados de Ibiza, una de ellas lo situaba en la estación de autobuses. Una oferta municipal que, según Pérez, "no sirve" por razones técnicas relacionadas con problemas de accesibilidad y seguridad del edificio.

El secretario de Estado señaló que la otra posibilidad de emplazar los juzgados en el centro de la ciudad "tiene dificultades de gestión urbanística", que requerirían "un tiempo mayor del que es conveniente". Añadió que el Ministerio "querría empezar la obra de Ibiza cuanto antes", ya que es consciente de que los juzgados "no pueden seguir como están", de hecho "los mecanismos presupuestarios están listos para comenzar" este proyecto.

Además, el consejero balear de Presidencia trasladó a Pérez su "preocupación" por la huelga de los funcionarios de la Administración de justicia, que "ensombreció" el éxito de esta reunión.

Por su parte, el secretario de Estado manifestó "su disgusto por el hecho de que se produzcan perturbaciones en el servicio público", debido a la huelga, y apuntó que espera llegar a un acuerdo con los sindicatos, pese a que estos mantienen una postura "exigente", al pedir un aumento de 200 euros en los salarios de 2008, mientras que el Ministerio de Justicia propone una subida inferior para este año y otros incrementos en ejercicios posteriores.

Además, Moragues planteó en la reunión la necesidad de comenzar el proceso de digitalización de los registros civiles de los 60 juzgados de paz.