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El ex teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Javier Rodrigo de Santos, integrante del Partido Popular hasta su expulsión el pasado mes de marzo, fue detenido ayer por la mañana en la capital balear, acusado de un presunto delito de abuso sexual a dos menores. Los hechos habrían tenido lugar hace unos cuatro años, cuando ambos niños tenían 10 y 11 años de edad respectivamente. De Santos prestó declaración en las dependencias de la Jefatura Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, acompañado por su abogado.

Este es el segundo caso por el que De Santos, que fue edil de Urbanismo entre 2003 y 2007, es investigado en estos últimos meses. Cabe recordar que el antiguo regidor fue detenido el pasado mes de marzo, acusado de una presunta malversación continuada de fondos públicos, en concreto de unos 50.000 euros, que habría gastado en 2006 con la tarjeta de crédito que poseía como presidente de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos de Palma (Emop). De Santos gastó la mayor parte de esa cantidad en locales de prostitución masculina y en el consumo de cocaína. Una vez descubiertos estos hechos, el ex edil confesó que eran ciertos y pidió perdón por ello.

El origen de este primer caso cabe situarlo en los resultados de una auditoría externa llevada a cabo por el nuevo consistorio palmesano, que preside la socialista Aina Calvo, sobre las cuentas de la Emop en 2006, en donde fueron detectadas «irregularidades contables» por lo que se refería al uso de la tarjeta de crédito de la citada empresa municipal. Los resultados de dicha auditoría fueron trasladados a la Fiscalía Anticorrupción, que fue la que acusó finalmente a De Santos, quien a pesar de haber devuelto el dinero y de contar con un dictamen médico que confirma que es adicto a la cocaína, será juzgado por un Tribunal Popular por este caso.

Cuando sucedieron estos hechos, la alcaldesa de Palma de Mallorca era la popular Catalina Cirer, hoy portavoz de la oposición municipal, quien el pasado mes de marzo pidió disculpas en nombre de su partido por lo sucedido y condenó también sin paliativos la actuación presuntamente irregular del ex edil, que se había retirado de la vida política en junio del pasado año.

La Fiscalía Anticorrupción también investiga si De Santos autorizó en 2007 de forma irregular el pago de unos juegos infantiles construidos en el parque palmesano de La Riera por un importe total de 1,4 millones de euros.