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El Gobierno canario recurrirá ante el TC la Ley de Defensa de la Competencia

13:22:00 - 02/04/2008VMT -Para el Gobierno de Canarias "es al Ejecutivo regional a quien corresponde autorizar o no dichas exploraciones o permisos de investigación, y no al central"

La Ley de Defensa de la Competencia y la que establece las normas comunes para el mercado interior del gas natural "chocan" en alguno de sus artículos con las competencias de Canarias y el Gobierno regional podría llevarlas al Tribunal Constitucional. Así lo explicó ayer la portavoz del Ejecutivo regional, la nacionalista Carolina Déniz, después de la reunión del Consejo de Gobierno. Para ello, han solicitado un dictamen al Consejo Consultivo de Canarias para interponer el recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia y contra la Ley 2/2007 en la que se establecen las normas comunes para el mercado interior de gas natural.

Según Déniz, en la primera de las leyes "hay discrepancias en sus artículos 5 y 13, que a pesar de haber constituido una comisión bilateral Canarias Estado para abordar esta cuestión, no pudieron salvarse". Esas "discrepancias" radican, al entender del Gobierno regional, en que no se reconoce a las Islas las competencias para actuar "en caso de concentraciones económicas o empresariales". El Ejecutivo central establece que "esas competencias, según la norma, les pertenecen, y no estamos de acuerdo".

En cuanto a la Ley que establece las normas comunes para el mercado interior del gas natural, la portavoz señaló que "también se creó una comisión Canarias Estado, pero no pudimos llegar a ningún acuerdo respecto al artículo 3.2.b", que hace referencia a las competencias para otorgar autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación en las zonas de subsuelo marino.

Para el Gobierno de Canarias "es al Ejecutivo regional a quien corresponde autorizar o no dichas exploraciones o permisos de investigación, y no al central". No en vano, en los últimos años el Gobierno de Canarias y el del Estado han mantenido diversos enfrentamientos por los permisos de los que gozaba Repsol para realizar prospecciones en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura; y que fueron finalmente interrumpidas tras una sentencia dictada el 24 de febrero de 2004.

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