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La enésima jornada de concentración del profesorado no universitario con motivo de su reivindicación por una homologación sin contrapartidas se saldó ayer con una nueva declaración de intenciones. «La posibilidad de que se retrase el comienzo del próximo curso es, desgraciadamente, un hecho consumado», reconocieron varios miembros del comité de huelga. Según dicho comité, al menos un 75 por ciento de los docentes no universitarios de Gran Canaria secundó la protesta. Los números de la Consejería de Educación, con la mantienen un conflicto enconado desde hace 16 meses, apuntan que las movilizaciones sólo obtuvieron el respaldo de un 31,5.

Estimaciones al margen, los docentes volvieron a reclamar una equiparación salariar con el resto de empleados públicos del Archipiélago, así como el retorno a las negociaciones para que la medida anteriormente citada -«que aún no se ha decidido pero que tampoco se descarta»- se evapore antes del final del presente curso o en verano. «Si Paulino Rivero quiere agotarnos y acabar con el conflicto por la vía de la asfixia debe saber que le está haciendo un flaco favor a la sociedad canaria», señaló Adolfo Padrón, uno de los representantes del comité de huelga. El componente social es la última baza de los docentes. «Las asociaciones de padres y madres y los alumnos ven que en esto estamos todos menos una parte, que es el Gobierno de Canarias», sentenció Silvia Rodríguez, portavoz también del comité.

Rodríguez insistió en que la Consejería de Educación «se esconde detrás del conflicto laboral» para vincular las subidas salariales a sus preceptos de calidad educativa. «Queremos hablar de calidad educativa, pero no en exclusiva. Así que se debe convocar una mesa con todos los agentes educativos para que se tenga en cuenta el diagnóstico que elaboramos los profesores sobre la situación de la Educación en Canarias». El diagnóstico al que alude Rodríguez fue presentado el 8 de abril en forma de documento. Un escrito, dicen, al que el Gobierno «aún no ha contestado».

Es cierto que profesorado y administración comparten algunos puntos de vista en cuanto a las cuatro grandes propuestas de mejora de la calidad educativa en las Islas, pero hay una a la que los docentes se oponen frontalmente. «El Gobierno quiere convertir a los inspectores y directores de los centros en órganos represores. ¿Cómo? Mediante un sistema en el que se evalúan los centros y a los profesores, de manera que si un colegio obtiene buenas calificaciones se premia al director. Y eso crea privilegios en el seno educativo», dijo Rodríguez.

Cuestionado por un presunto enfrentamiento entre padres y maestros de un centro de San Mateo a cuenta de la huelga, Toni Agudo, otros de los portavoces del comité, negó cualquier conato de enfrentamiento y aseguró que se está negociando con todas las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) para «buscar el consenso». Por último, Padrón subrayó el papel de los educadores en una sociedad -la canaria- «frágil» e invitó nuevamente a Rivero a tomar cartas en el asunto: «Si es un hombre de Estado y nacionalista, por el bien del pueblo canario, ejerza su responsabilidad y demos una salida digna a este conflicto».