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La CEOE-Tenerife ha explicado, a través de un comunicado, que hasta ahora, "cuando el plazo de materialización de la RIC se acercaba a su vencimiento, sin que las inversiones propias de la actividad económica de la empresa hubieran llegado a su puesta en funcionamiento, el mecanismo habitual suponía recurrir a la financiación ajena" o un préstamo bancario.

La patronal ha señalado que, de no poder cumplir con los plazos, "el quebranto económico" que supondrá devolver --lo que los empresarios no tributaron y no han invertido en los cinco años que permite Hacienda Pública materializar la RIC-- se sumaría a la "a la grave crisis de liquidez actual", llevando incluso al cierre de algunas de las empresas. "Se produciría el efecto contrario de lo que pretende el propio Régimen Económico y Fiscal de Canarias", lamentó la CEOE en su comunicado.

"Situaciones excepcionales como la actual requieren de soluciones excepcionales", enarborlaron. Equipararon esta medida a las prórrogas que ha dado el Gobierno de España para otras situaciones, tales como la ampliación el plazo de las cuentas vivienda en dos años, o las facilidades para el aplazamiento del pago a la Seguridad Social. Se trata de retrasar el plazo estipulado durante un año en la confianza en que la actual restricción crediticia se haya resuelto o, al menos, atenuado para entonces.

La confederación ha resaltado, no obstante, que no se trata de obtener un nuevo crédito fiscal, "sino del diferimiento temporal de su cumplimiento durante un año". Para ello, han propuesto la utilización de un decreto ley de "urgencia" para que tal aplazamiento surtiera efecto, dado que debería entrar en vigor ineludiblemente antes de finales de año.