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La montaña de Arinaga, en el municipio grancanario de Agüimes, será el hogar de la nueva estación sensora de vigilancia marítima del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) del Archipiélago. Lanzarote y Fuerteventura ya disponen de sendos dispositivos en su condición de "frontera canaria" con el continente africano, por lo que el nuevo SIVE será el tercero de las Islas y el primero de los tres previstos en Gran Canaria.

Para poder instalar el soporte técnico ha sido necesario que el Gobierno de Canarias suspenda en la zona las determinaciones del Plan Insular de Ordenación (PIO), así como las Normas de Conservación del Monumento Natural de Arinaga. El proyecto de decreto aprobado por el Ejecutivo regional posibilitará que se incremente la vigilancia en las aguas españolas en el Atlántico, un lugar susceptible a los fenómenos migratorios y puerta de entrada de elementos irregulares en Europa.

Según el Gobierno canario, la implantación de un nuevo SIVE en territorio isleño "conlleva una importante labor humanitaria" en dos sentidos. Por un lado, los radares pueden detectar embarcaciones precarias repletas de inmigrantes, haciendo posible que, en determinados casos, se puedan salvar sus vidas. Por otro, el SIVE será una nueva arma para combatir con las mafias que trafican con personas y con drogas.

El SIVE forma parte de un programa de incorporación de nuevas tecnologías al control del tránsito costero que desempeña la Guardia Civil. El soporte aporta la información en tiempo real a un centro de control y desde allí se imparten las órdenes para la interceptación de cualquier elemento que se aproxime. Además de estar operativo en las islas orientales, el SIVE funciona en las provincias andaluzas de Cádiz, Málaga, Granada y Almería y en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

La portavoz del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, aseguró que el Ejecutivo "se congratula" de que el Gobierno central haya dado luz verde a la implantación de dos regasificadoras en Gran Canaria y Tenerife. "Es una buena noticia, teniendo en cuenta que se trata de una de las apuestas del Plan Energético de Canarias (Pecan) aprobado en 2007", señaló Déniz.

El Gobierno canario subrayó la "importancia" que tiene la implantación del gas natural en el Archipiélago como alternativa al petróleo. No obstante, Déniz añadió que el Cabildo de Gran Canaria será quien tendrá que negociar con la Administración central la implantación de la planta de gas en el mar debido al encarecimiento en los costes que ello supone. En la actualidad, la planta de Granadilla espera por una autorización administrativa previa del Ministerio de Industria. Distinto es el caso de la instalación de Gran Canaria, pendiente de un informe que tase su impacto medioambiental. Déniz exigió por tanto al Gobierno de España que "agilice al máximo" las tramitaciones ambientales y administrativas iniciadas hace más de tres años.

Por otro lado, la portavoz del Ejecutivo insular dijo que en Tenerife ya se ha alcanzado un consenso institucional en cuanto a la ubicación de la planta, algo que no ocurre en Gran Canaria. Precisamente una autoridad de peso en el sureste de la isla, el alcalde de Aguïmes, Antonio Morales, ha reiterado en las últimas fechas el rechazo de la Mancomunidad de aquella zona de la isla, que engloba también a los municipios de Ingenio y Santa Lucía, a que la planta se construya en Arinaga. Morales espera que el Cabildo, que será quien tome finalmente la decisión, descarte la ubicación de la planta en su municipio y se decante por la localidad de Juan Grande como sede.