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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga la presunta estafa a miles de clientes de Fórum Filatélico, ha encontrado indicios de la comisión de un presunto delito de cohecho por parte del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (Coalición Canaria). El magistrado le implica en el supuesto cobro de comisiones en operaciones urbanísticas.

En su auto, Garzón se inhibe de investigar los hechos a favor del decano de los Juzgados de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife. La resolución se adopta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que encontró pistas de una supuesta trama de corrupción urbanística entre los documentos intervenidos el pasado mes de mayo en la sede central de Fórum en Madrid, referidos a la filial Grupo Unido de Proyectos y Operaciones S.A.

En concreto, Garzón remite el informe de la Fiscalía junto con los documentos intervenidos a la justicia tinerfeña para investigar el posible delito de cohecho "o cualquiera otra infracción penal que se derive del testimonio que se adjunta". Las operaciones a investigar estarían relacionadas con la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz y con el desarrollo de dos parcelas en Valle de Tahodio.

Otros implicados

Además del alcalde de Santa Cruz, Garzón pide que se investigue al presidente de la autoridad portuaria, Luis Suárez Trenor; a la asesora urbanística Herminia Gil y al presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga como "presuntamente solicitantes o aceptantes de cantidades dinerarias, siempre según la literalidad de documentos obrantes en autos".

Entre las personas que pudieran estar comprometidas con dichos pagos, "bien como presuntos oferentes de las cantidades, bien como presuntos destinatarios de las solicitudes hechas por las autoridades públicas" están el ex presidente de Fórum, Francisco Briones (en libertad bajo fianza desde el pasado mes de agosto), el ex director general de la filatélica Juan Ramón González Merino y el asesor jurídico de la entidad Juan Ramón González.

El magistrado también implica en la trama al arquitecto Julio Aumente, a los abogados de los bufetes Prius (Antonio Martín-Lomeña y Juan José Domíngez Baro) y Cuadra Asociados (Carlos Gómez Castillo y Domingo Cuadra Morales) y a otras dos personas de las que no se especifica el cargo.

Según el juez, de la documentación incautada en la sede de Fórum de Madrid se deduce que esta entidad, a través de su filial Grupo Unido de Proyectos y Operaciones S.A., ha venido desarrollando, al menos desde el año 2004, operaciones inmobiliarias relacionadas, por una parte, con la gestión de una concesión administrativa para la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y, por otra, con dos parcelas de terreno situado en el municipio de Valle de Tahodio.

De forma indiciaria, según el juez, se deduce que en el curso de esas operaciones "habrían podido ser solicitadas ciertas cantidades de dinero por parte de diversas autoridades locales a las personas comprometidas en la gestión de los activos anteriormente referidos, sin que hasta el momento exista constancia de si las cantidades han sido pagadas y recibidas", señala el juez.