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El grupo de gobierno municipal encabezado por una alcaldesa de CC se opone, a pesar de que los nacionalistas son los grandes valedores del proyecto. La negativa ha sido la tónica habitual. Si desde un principio con la polémica a raíz de la construcción de un puerto industrial la regasificadora pasó a un segundo plano, con la llegada a la alcaldía de CC, apoyada por el PP y Alternativa Sí Se Puede el rechazo a la instalación ha sido constante.

Tanto es así, que han sido frecuentes las reuniones con los dirigentes locales grancanarios para trazar una estrategia común. El diálogo parece ser la única vía posible para desatascar la situación. La posición del Gobierno de Canarias es clara al respecto.

Considera la instalación de las plantas de gas como "objetivos irrenunciables", ya que ambas infraestructuras supondrán un ahorro energético de 190 millones de euros, según ha informado el consejero de Industria, Jorge Rodríguez, que también ha señalado como inviable la construcción de las plantas en alta mar. En cambio la alcaldesa de Granadilla denuncia que se anteponga el coste a la seguridad de las personas.