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José Manuel Soria aseguró ayer que el Partido Popular de Canarias sí está legitimado para «tomar medidas» en caso de que prospere la moción de censura con la que PP y PSOE pretenden desbancar mañana a la alcaldesa de La Oliva, Claudina Morales (CC). En opinión del líder de los conservadores canarios, la moción «no cuenta con el apoyo de la dirección nacional ni de la dirección regional», algo de lo que, según Soria, ya tenían conocimiento «de manera pública y privada» cada uno de los firmantes de la moción. Aunque no concretó cuáles serán las sanciones con las que se castigará la rebelión patrocinada por Domingo González Arroyo, Soria señaló que dichas medidas se adoptarán independientemente de las que se acuerden, precisamente mañana, durante la reunión del Comité de Derechos y Garantías del partido. Aunque todo parecía indicar que Génova debía cerrar la crisis, el PP regional «tiene la potestad» de sancionar la irreverencia de sus ediles porque está «dentro del reglamento». Cuestionado sobre la posibilidad de que la deposición de Morales afecte al pacto con el que Coalición Canaria y PP gobiernan en la Comunidad Soria ve «normal» que los nacionalistas de Fuerteventura hayan previsto consecuencias en el Gobierno regional. El también vicepresidente del Ejecutivo añadió que aunque el Ayuntamiento de La Oliva no está incluido en el pacto, sí lo está «el respeto mutuo a que gobiernen las fuerzas mayoritarias en cada una de las instituciones», para terminar con una sentencia: «aquí se tienen que asumir responsabilidades cada vez que se emprende una acción política y habían instrucciones muy claras para que la moción no se llevara a cabo». Por otro lado, el secretario de organización del Comité Local del PP de La Oliva, José Gómez, declaró en Canarias Ahora Radio que los cargos afines a la moción de censura no descartan abandonar el partido si la dirección regional toma represalias contra los siete concejales que pueden quitarle la alcaldía a CC. «Iremos al grupo mixto o donde haga falta», señaló Gómez. Abandonos Gómez explicó que el destierro significaría el abandono de 29 concejales, algunos consejeros del Cabildo, una senadora y la diputada nacional Pilar González, hija de Domingo González Arroyo, que dejaría su escaño en el Congreso de los Diputados. El político majorero negó, además, que la dirección les reprobara en privado la moción.