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No alcanzan los 18 años. Los niños de las pateras y los cayucos no lo piensan dos veces para emigrar vía marítima jugándose el pellejo. Tampoco lo hacen sus padres, que muchas veces incluso les animan a lanzarse al Atlántico. Son un seguro de futuro. Cuando llegan a Canarias se les acoge en los centros de menores extranjeros no acompañados, y a los pocos años puede que tengan la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo para sacar a los suyos, a su familia, de la miseria. Aunque esto no ocurre siempre, ni tan solo en la mayoría de los casos.

En esta situación se encuentran ahora mismo en Canarias cerca de 930 chicos, rozando de nuevo el millar, como sucedió durante los peores momentos de 2006, cuando la llegada de embarcaciones clandestinas era incesante, y en algunas semanas de 2007. "Aunque haya descendido mucho, casi un setenta por ciento, la recepción de piraguas y de inmigrantes, siguen alcanzando nuestras costas muchos menores", explican a este periódico fuentes de la Guardia Civil.

Con estos 930 menores, se rebasa en unos 680 los chicos que puede acoger sin problemas la Comunidad canaria, cuyo cupo establecido es de 250. Desde la Consejería de Asuntos Sociales del Ejecutivo regional y desde la misma Presidencia se ha reclamado ayuda semana sí semana no desde la crisis de los cayucos de 2006, cuando se agudizó el fenómeno hasta cotas jamás vistas hasta entonces en el conjunto del Estado.

Esta semana la viceconsejera de Bienestar Social e Inmigración del Gobierno de Canarias, Natividad Cano, asistía en Madrid a la reunión extraordinaria del Consejo Superior de Política de Inmigración, cuyo único punto del orden del día se centró en las acciones a desarrollar en el marco del Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes y el refuerzo educativo.

A su vuelta a las Islas, la viceconsejera criticó el descenso de la partida que el Estado destinará en 2008 a las comunidades que se solidaricen con Canarias y acepten derivaciones -que según indica el departamento de Bienestar Social siempre son de subsaharianos, "por exigencia de las Comunidades receptoras"-. Esta partida es de 7,5 millones de euros, 2,5 millones de euros menos que el pasado ejercicio.

A través de este programa, el Estado trasladó el pasado año a un total de 169 menores no acompañados a diversas regiones españolas. En 2006 fueron algo más: 231. En total, 400. Cien menos de los que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el socialista Jesús Caldera se comprometió a trasladar en septiembre de 2006 en plena oleada de cayucos.

Desde la Consejería de Bienestar Social han recordado en múltiples ocasiones el "incumplimiento" a este respecto por parte de Caldera y del Ejecutivo central. Desde Madrid se lanza un mensaje claro: Son las comunidades las que ponen cada vez más dificultades a las derivaciones desde las Islas, y la titularidad de los menores extranjeros no acompañados es de cada Autonomía.

Hasta el momento, las comunidades más solidarias con Canarias han sido Extremadura, que ha acogido a 87 chicos; Galicia, con sesenta derivaciones; Castilla y León, con 44 menores acogidos y Cataluña, con cuarenta. Otras comunidades que aceptaron en 2006 y 2007 los traslados fueron Castilla-La Mancha (37); Aragón (31); Cantabria y Murcia, con 17 chicos; Baleares, con catorce; Navarra y País Vasco, con diez y Ceuta, que asumió la tutela de siete menores.

Aún así, para la viceconsejera canaria "se trata de un número insuficiente, ya que la cifra de menores extranjeros acogidos en las Islas alcanza casi el millar, por este motivo, desde el Gobierno regional se ha iniciado el traslado de chicos a otras comunidades, manteniendo la tutela de estos jóvenes y asumiendo en solitario el coste", aclaró.

Mana Balde, Biramo Falle, Babakar Sarr y Falou Falle (todos senegaleses de 16 años, menos Falou, de 17) formaban parte de uno de los primeros grupos derivados a través de esta vía, a organizaciones no gubernamentales de la Península. Lo formaban 35 menores.

Salieron de Canarias en diciembre de 2007 y fueron trasladados a la fundación Armenteros, al Colegio La Inmaculada de Salamanca. En un principio, el acuerdo con esta ong era de noventa traslados, aunque finalmente sólo serán derivados estos 35, según indican fuentes de la Consejería de Bienestar Social. Otros ochenta fueron acogidos por la entidad La Calle, de Madrid.

"Hemos vuelto a vernos desbordados en los últimos meses", cuentan desde el departamento autonómico. Algunos chicos dormían en colchones tendidos en los espacios comunes de los centros. "Se les atiende lo mejor posible, pero son un millar y nuestra capacidad es limitada".

En el momento de ese traslado a Salamanca, el ministro de Trabajo no descartó ayudar con la financiación de los chicos en las ong, gasto (80 euros por niño y día) que ahora asume Canarias. Pero por el momento, nada se ha concretado.

Mientras, Canarias continúa alcanzando acuerdos con organizaciones no gubernamentales de la Península, y durante estos primeros meses del año, se trasladó a 18 a la vivienda-hogar de la organización Hechos Dun-Du de Ponferrada, y otros diez a la de Accem, en Segovia. El objetivo sería llegar a cien traslados con cada una de estas organizaciones. Y no se descarta hacerlo con más.

Por otro lado, en el seno del Consejo Superior de Política de Inmigración, la viceconsejera de Bienestar Social e Inmigración canaria formuló una invitación a las comunidades autónomas a participar en unas jornadas de trabajo sobre el fenómeno de la inmigración, especialmente centrado en el área de la atención y acogida de menores extranjeros no acompañados que se celebraría en Canarias este año.