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Los representantes del sector pesquero del Archipiélago advirtieron ayer sobre la posibilidad de que la aplicación de la normativa de primera venta y etiquetado de productos congelados y transformados se traduzca en un encarecimiento del precio final del pescado. Este vaticinio se produjo durante la reunión que mantuvieron los empresarios con el viceconsejero de Pesca del Gobierno de Canarias, Víctor Jordán.

En cumplimiento de las directrices europeas, el decreto de primera venta obliga a la identificación del pescado desde el mismo instante en que sea descargado en los puertos y aeropuertos canarios. En el producto deberá figurar el país de origen, el nombre del barco, la identidad del capitán del barco, el nombre científico y comercial de la especie, el nombre del vendedor y del comprador.

Por su parte, el decreto de etiquetado tiene como objetivo que dicha información llegue al consumidor. En las etiquetas deberá figurar el nombre de la especie, el país y el nombre del comprador y del vendedor. "De esta manera, nos aseguramos que la persona que va a comprar el producto sepa si esta comiendo un pescado de agua dulce o salada, cómo se llama y si cumple requisitos legales como la talla mínima", señaló Jordán.

Agustín Ginory, uno de los cuarenta empresarios que comenzaron ayer un proceso de asociación del sector, apuntó que "esta normativa va a suponer unos costes a las empresas que tendrán que ser asumidos por los consumidores o por la Consejería en forma de ayudas".

La transformación del sector -al que el Fondo Europeo de Pesca subvencionará el nuevo software en un cincuenta por ciento- requerirá una importante inversión logística y humana que, según Jordán, "no tiene por qué afectar al precio final del producto".