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Sebastián Grisaleña, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), explicó que "con el paso del tiempo se ha demostrado que, en aquel momento, el Gobierno de Canarias cometió un gran error" al promover la ley. El dirigente empresarial recordó que cuando se aplicó la normativa "hubo empresarios a los que se impidió construir después de haber realizado inversiones y otros a los que se obligó a hacerlo, con un esfuerzo económico que entonces no querían acometer, para no perder las licencias".

Grisaleña mostró su satisfacción con el resultado de la sentencia, que "fortalece la seguridad jurídica del empresario y supone un precedente que trae consecuencias para la Comunidad autónoma".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Las Palmas, Ángel Luis Tadeo, consideró "gratificante" la sentencia, que "nos da más seguridad en la justicia y nos permite ver el fondo del túnel". Tadeo, que reconoció que es uno de los empresarios que se beneficiará por esa sentencia, tildó de "gran error" aquella iniciativa.

Por otra parte, representantes del colectivo Ben Magec-Ecologistas en Acción presentaron ayer ante el registro del Parlamento de Canarias 35.000 firmas para intentar frenar la construcción de más camas turísticas en las Islas, 20.000 más que las establecidas por la Cámara para las Iniciativas Legislativas Populares.