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La evasión fiscal en España en el sector inmobiliario supera los 8.800 millones de euros anuales y sólo las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia concentran el 67 por ciento de este fraude. En concreto, esta cifra supera los 322 millones de euros en Canarias.

El secretario general del colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, alertó ayer de que el próximo 25 de julio, prescribirán más de 8.800 millones de euros en impuestos procedentes de operaciones opacas efectuadas por empresas constructoras y promotoras en el año 2003, en su gran mayoría con billetes de 500 euros. Mollinedo apuntó que la práctica totalidad de estas operaciones fraudulentas con billetes de 500 euros fueron realizadas por sociedades, principalmente del sector inmobiliario o relacionadas con la compraventa de inmuebles, poniendo de manifiesto, una vez más, la estrecha relación existente entre este ramo y estos billetes de alto valor facial.

Este colectivo denuncia que la AEAT haya alentado una práctica "demasiado benevolente" que ha permitido a buena parte de los grandes defraudadores eludir sus responsabilidades fiscales o penales al facilitarles "previo aviso" un periodo de gracia de un mes para que ingresen "voluntariamente" lo defraudado sin sanciones, ni denuncias por los delitos fiscales cuando el fraude supera los 120.000 euros. Gestha recuerda que apenas se han remitido a la Fiscalía algunos de los 12.000 casos detectados con más de 1.000 billetes de 500 utilizados entre 2003 y 2006.

Por otro lado, explica que la caída registrada en la cifra de billetes de 500 euros en circulación desde mediados del pasado año no es consecuencia directa del mayor número de inspecciones sino, principalmente, del "ajuste" experimentado por el sector inmobiliario. La caída de las operaciones de compra-venta ha truncado la tendencia fuertemente alcista de estos billetes de alta denominación, que alcanzaron su máximo histórico en julio de 2007 con 113,9 millones de unidades, hasta bajar el pasado mes de mayo a los 110,4 millones de billetes.

Asimismo, Gestha viene reclamando desde el año 2004 que se analice toda la demanda, tenencia, utilización, transporte, entrega y retirada de billetes de 500 euros, así como los sistemas de control bancario y de las empresas de transporte en efectivo. Este colectivo lamenta que la Administración Tributaria haya pasado por alto su propuesta de incluir en la Ley Antifraude la obligación de realizar un censo de todas aquellas personas físicas y jurídicas que atesoren billetes de 500 euros, lo que ha llevado al Banco de España a solicitar a las entidades financieras a que identifiquen a los posibles sospechosos, "algo que en Canarias pasa más desapercibido", por la gran afluencia turística.