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La Apmun ha informado de ello en nota de prensa después de que lo publicara el Boletín Oficial de Canarias donde, además, advierte que el incumplimiento de la presente orden dará lugar a la retirada de la maquinaria y materiales, siendo de su cuenta los gastos que se ocasionen.

Asimismo, si no cumple con lo ordenado por la Agencia se impondrá, mientras persista, "hasta diez multas coercitivas sucesivas, impuestas por períodos de diez días y en cuantía, en cada ocasión, del 5 por ciento del coste de las obras y, en todo caso y como mínimo, de 601,1 euros; además de dar a conocer a la jurisdicción penal los hechos por ser presuntamente constitutivos de un delito tipificado en el artículo 556 del Código Penal".

En cuanto al plazo dado para legalizar las obras, la Apmun establece tres meses para que esa legalización se lleve a cabo con obras, a través de la solicitud de la correspondiente calificación territorial, previa a la licencia urbanística, e informó de que la reposición de la realidad alterada a su estado anterior, en los términos dispuestos por la Administración autonómica, implica el derecho a la reducción de un 75 por ciento de la multa que deba imponerse en el procedimiento sancionador.

Finalmente, el organismo consorcial solicitará a las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable la no concesión de los servicios correspondientes.