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El portavoz del colectivo, Juan José Coello, consideró que hay "falta de entendimiento" en el ámbito de la investigación volcanológica, y que la creación del Instituto ayudará a complementar el trabajo que desempeñan organizaciones como el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Tecnológico de Energías Renovables de Tenerife o el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que están "muy poco coordinadas entre sí". Además señaló que estos organismos no comparten los datos de sus estudios, y significó la importancia de establecer "redes" de gestión única.

Coello aseguró desconocer las razones por las que el Instituto aún no se ha creado, pero destacó que hace cuatro años hubo una crisis volcánica que reflejó "una absoluta descoordinación", que contribuyó a un desprestigio institucional y científico, por lo que es "vital" que se desarrollen mecanismos preventivos eficaces.

El manifiesto, que busca adhesiones para una petición formal tanto al Gobierno de Canarias como al Ejecutivo central, recalca que ya existen dos documentos legislativos a través de los que se insta a la creación de este organismo. Uno de ellos fue la voluntad unánime del Parlamento de Canarias de crear el Instituto, y otra la propuesta acordada por el Senado, a petición del presidente del Cabildo tinerfeño Ricardo Melchior, para agilizar los trámites de su creación.

En el manifiesto se significa también que el Consejo de Ministros aprobó, en 1996, la delimitación de Canarias como única zona del territorio nacional expuesta al peligro volcánico, y aporta como "evidencia clara" que las Islas son la única región de España que ha experimentado erupciones volcánicas durante los últimos 500 años, por lo que es un "riesgo natural específico" de la Comunidad autónoma.

El manifiesto insiste además en el "nulo" conocimiento del riesgo de erupciones volcánicas por parte de la sociedad canaria, y trata de reunir, hasta el próximo lunes, firmas de apoyo para instar al Ejecutivo central a su construcción. Además señala que aún no se han aprobado el Plan estatal ni el autonómico de emergencias sobre riesgo volcánico.