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Coalición Canaria y el Partido Popular acordaron ayer, en el Parlamento de Canarias, las enmiendas conjuntas que desarrollarán la futura ley de creación de la policía autonómica. El proyecto, que pasará por la Comisión de Presidencia y Justicia de la Cámara, será aprobado por el Parlamento autonómico a finales del mes de mayo, y cuenta con el rechazo del Partido Socialista, que no descartó recurrirlo al Tribunal Constitucional (TC).

Para la portavoz adjunta de Coalición Canaria en la ponencia, Flora Marrero, las 21 enmiendas acordadas por los grupos que conforman del Gobierno de Canarias, «tratan de mejorar técnicamente la ley», además de adaptarla a la normativa vigente que regula las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Según Marrero, a finales de mayo las Islas contarán con un proyecto que regulará la distribución y competencias de los 300 agentes que compondrán el nuevo cuerpo.

Entre estas competencias destacan el control de la inmigración irregular, la policía turística y la protección a las víctimas de violencia de género, «lo que la aleja de la cantinela esgrimida por el Partido Socialista», que mantenía que la policía autonómica únicamente ejercería el control y protección de edificios públicos.

En este sentido, la portavoz popular en el Parlamento, María Australia Navarro, destacó la «falta de interés» mostrada por los socialistas, «pues ni tan siquiera votaron las propuestas presentadas», en un tema «vital» para las Islas. Según Navarro, esto se une al «miedo» que cree está creando el delegado del Gobierno en Canarias, Salvador García, que manifestó que de aprobarse el proyecto de policía autonómica, el Archipiélago vería descender el número de policías nacionales y de guardias civiles.

Por su parte el portavoz socialista, Francisco Hernández Spínola, se refirió a esa supuesta falta de interés y señaló que su grupo ya había mostrado su disconformidad con la propuesta, «cuando realizó una enmienda a la totalidad del proyecto».

Para Spínola, la ley es un «capricho» de Coalición Canaria, que vive «una realidad paralela» a la de todos los canarios, preocupados por el paro, la cesta de la compra, el fracaso escolar, las colas en las urgencias de los hospitales y la desaceleración económica.